Este viernes se define futuro de la movilidad en el Área Metropolitana

El futuro de Metrolínea está en una encrucijada crítica y sin salida

Liquidar Metrolínea sin alternativas claras sería condenar a la ciudadanía al retroceso. Reconstruir, en cambio, podría marcar el inicio de una movilidad moderna y eficiente, pero nadie quiere hacerse cargo de los nuevos costos de operatividad. Análisis de Diario EL FRENTE.

La sostenibilidad de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) en Colombia atraviesa una fase de redefinición profunda. El caso de Metrolínea, en el Área Metropolitana de Bucaramanga, es único.

A las puertas de una asamblea extraordinaria convocada por el Ministerio de Transporte para este 11 de abril, se define el rumbo de una empresa que enfrenta una aguda crisis financiera y operativa.

Las decisiones que allí se adopten tendrán repercusiones estructurales sobre la movilidad urbana, el acceso equitativo al transporte público y la gobernanza interinstitucional en el país.

Recordemos que Metrolínea fue concebida como la solución moderna y eficiente a los problemas de movilidad de Bucaramanga y sus municipios aledaños, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, con la probabilidad de extender el servicio hasta Lebrija.

Sin embargo, su historia ha estado marcada por deficiencias estructurales, decisiones políticas erráticas, y una sostenida descoordinación entre los niveles de gobierno involucrados.

La empresa arrastra actualmente pasivos por más de $600.000 millones y ha perdido progresivamente capacidad operativa. A ello se suma el hecho de que el próximo 26 de abril finaliza el contrato con Metrocinco Plus, el único operador activo, sin que exista claridad sobre un reemplazo o continuidad del servicio.

El Concejo de Bucaramanga aprobó en noviembre de 2024 una iniciativa para iniciar la liquidación de Metrolínea. No obstante, el proceso no ha avanzado y le echan la culpa al Ministerio de Transporte.

Omisiones institucionales

El vacío de gobernanza ha profundizado la incertidumbre sobre el futuro del sistema, mientras que los usuarios —unos 30.000 diarios, según cifras oficiales— dependen del mismo para su movilidad cotidiana entre Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga.

La parálisis de Metrolínea no puede entenderse sin considerar la inacción reiterada de las autoridades locales. Según el Ministerio de Transporte, desde 2019 los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta han incumplido con los aportes al Fondo de Estabilización Tarifaria y Subvención del SITM, clave para sostener financieramente el sistema.

Esta omisión debilito en grado sumo la capacidad operativa del sistema Metrolínea, ya de por sí mal concebido, y forzó a la Nación a asumir, en solitario, responsabilidades que deberían ser compartidas.

El Gobierno Nacional, que posee el 70 % de las acciones de Metrolínea, ha expresado su rechazo a la liquidación sin antes explorar alternativas. Exige la formulación de planes de contingencia por parte de los Gobiernos municipales, con propuestas claras, técnicas y financieramente viables para sostener el servicio.

De momento, solo Bucaramanga ha planteado una iniciativa concreta, la cual tiene como punta de lanza el alquiler de 12 buses tipo padrón para mantener parcialmente la cobertura. A menos de veinte días de la finalización del contrato con el operador, la ausencia de una estrategia regional unificada agrava el riesgo de un colapso del sistema.

Los escenarios puestos sobre la mesa

La reunión de este viernes 11 de abril representa una bifurcación crítica. Dos rutas están sobre la mesa. El primer escenario es continuar con el proceso de liquidación de Metrolínea.

Esta opción contempla mantener el servicio con la administración temporal del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, que hasta la fecha han hecho de tripas corazón para mantener en rutas un montón de destartalados y contaminantes buses.

Aunque se garantizaría una transición administrativa, este camino ignora la magnitud de los pasivos acumulados, así como la pérdida de capacidad institucional para sostener un sistema masivo sin respaldo técnico y sin probabilidad de un músculo financiero.

El segundo escenario, promovido por el Ministerio de Transporte, plantea suspender la liquidación y concentrar esfuerzos en la reestructuración. Esta vía supone el apalancamiento de recursos adicionales por parte del Gobierno Nacional, la formulación de un plan de salvamento integral y una reorganización operativa.

Esto debe incluir nuevos operadores, rehabilitación de estaciones, ampliación de flota y diseño de un modelo financiero sostenible. No obstante, este escenario sólo será viable si los municipios muestran voluntad política y compromiso financiero sostenido.

Desde la barrera todo se ve fácil

La situación de Metrolínea constituye un reflejo claro de las deficiencias estructurales en la planeación, gestión y coordinación de los sistemas de transporte público en Colombia.

Las soluciones no pueden seguir aplazándose ni centrarse en medidas aisladas. La liquidación de Metrolínea, aunque viable jurídicamente, representaría un fracaso institucional y social con efectos devastadores sobre la movilidad urbana. Más aún, implicaría reconocer la incapacidad del Estado —en todos sus niveles— para garantizar el derecho fundamental al transporte digno y eficiente.

Por el contrario, la reestructuración, aunque compleja, representa una oportunidad para transformar el sistema sobre bases más sólidas. Requiere compromiso real de las alcaldías, voluntad técnica, y respaldo financiero del Gobierno Nacional.

El futuro de Metrolínea no debe definirse bajo una lógica de conveniencia política coyuntural, sino como una decisión estratégica en favor del desarrollo urbano, la equidad social y la sostenibilidad económica del transporte público en la región.

Este viernes, Bucaramanga y su Área Metropolitana no sólo definen el destino de una empresa que nació muerta, sino también el modelo de movilidad que aspiran a construir. Desde la barrera todo es fácil.