Resumen
El ex alcalde de El Playón, Santander, Wilmer Alexander Barrios Cote, enfrenta cargos por presuntamente salir del país dos veces sin la debida autorización municipal. La Procuraduría General investiga si sus viajes interrumpieron sus funciones y causaron detrimento patrimonial.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ex alcalde de El Playón, Santander, Wilmer Alexander Barrios Cote (foto), por presuntamente salir del país sin la debida autorización del Concejo Municipal en dos ocasiones durante su mandato, 2020-2023.
En la primera ocasión, en el año 2022, Barrios Cote habría acompañado a la selección de fútbol del municipio a un torneo en Perú. La investigación busca determinar si el ex mandatario se excedió en los días de comisión oficial autorizados por el Concejo para permanecer fuera del país.
En la segunda ocasión, entre enero y febrero de 2023, Barrios Cote viajó a Paraguay y Argentina para asistir al evento "Copa Latinoamericana San Ignacio Guazú 2023". La Procuraduría indaga si, al igual que en el caso anterior, el ex funcionario prolongó su estadía sin la debida autorización y sin justificar los motivos.
La Procuraduría considera que las actuaciones de Barrios Cote podrían haber vulnerado el principio de moralidad que rige la función administrativa, configurando una presunta falta grave a título de dolo.
Investigación en curso
El ente de control busca verificar si las salidas del país del ex alcalde afectaron el normal desarrollo de sus funciones y si se configuró un detrimento patrimonial para el municipio. La investigación se encuentra en etapa probatoria y el ex mandatario tendrá la oportunidad de presentar sus descargos.
Cabe recordar que en el pasado, otros alcaldes de El Playón han sido objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría. En 2016, por ejemplo, el entonces alcalde Luis Ambrosio Alarcón López fue capturado por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
Este caso pone de relieve la importancia de que los funcionarios públicos actúen con transparencia y apego a la ley. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que sus representantes se comporten de manera responsable y diligente en el ejercicio de sus funciones.
