Exigen a autoridades garantizar sin interrupciones el servicio público esencial de bomberos
Resumen
La Procuraduría insta a autoridades a garantizar el servicio continuo de bomberos, recordando que obstáculos administrativos no justifican interrupciones. Se pide a alcaldes y gobernadores asegurar recursos y apoyo, y se advierten sanciones por incumplimientos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En el marco de la actual situación de desastre, decretada por el Gobierno nacional mediante Decreto 1372 de 2024 y prorrogada por el Decreto 1193 de 2025, el Procurador General de la Nación expidió la Directiva No. 001 de 2026, mediante la cual exhorta a alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a cumplir de manera estricta e integral las obligaciones constitucionales y legales relacionadas con la garantía del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, rescates y atención de incidentes con materiales peligrosos, conforme a lo dispuesto en la Ley 1575 de 2012.
El Ministerio Público recordó que la prestación de este servicio constituye una obligación permanente, ineludible y no discrecional de las autoridades territoriales, en especial de los municipios y distritos, quienes tienen la responsabilidad directa de garantizar su continuidad, eficiencia y cobertura los 365 días del año. En ese sentido, advirtió que la falta de planeación administrativa, retrasos contractuales o insuficiencia presupuestal no constituyen justificación válida para la interrupción o prestación deficiente del servicio bomberil.
A través de la directiva, la Procuraduría instó a los alcaldes y alcaldesas a adelantar con la debida antelación los procesos administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para asegurar la operación permanente de los cuerpos de bomberos; a apropiar y ejecutar oportunamente los recursos financieros, incluidos los provenientes de la sobretasa bomberil; y a transferir dichos recursos de manera oportuna a los cuerpos de bomberos voluntarios, conforme a la normativa vigente y a los convenios suscritos.
De igual forma, exhortó a los gobernadores a evaluar periódicamente el estado de la prestación del servicio en sus departamentos y a ejercer acciones de apoyo y concurrencia subsidiaria frente a los municipios que presenten debilidades operativas, así como a promover la creación y fortalecimiento de los Fondos Departamentales de Bomberos como instrumento clave para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta.
En relación con las Corporaciones Autónomas Regionales, la Procuraduría hizo un llamado a reforzar la articulación con los cuerpos de bomberos en la prevención, atención y recuperación de emergencias, especialmente aquellas asociadas a incendios forestales y eventos con impacto ambiental, brindando apoyo técnico, científico y operativo en el marco de sus competencias legales.
La Directiva también instó a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a reforzar las acciones de fortalecimiento institucional, técnico y operativo de los cuerpos oficiales y voluntarios de bomberos, así como las labores de inspección, vigilancia y control, con el fin de garantizar estándares mínimos de capacidad operativa en todo el territorio nacional. A su vez, exhortó a la UNGRD a priorizar y robustecer las acciones de conocimiento, prevención, reducción y manejo del riesgo asociado a incendios, en articulación con las entidades territoriales y los organismos de socorro.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación reitera que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la prestación de servicios públicos esenciales puede dar lugar a faltas disciplinarias graves o gravísimas, conforme a lo establecido en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. En ese marco, anuncia que continuará ejerciendo vigilancia preventiva y control de gestión para garantizar la protección efectiva de la vida, la integridad, el ambiente y los bienes de la población.