Exjefes del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP pidieron perdón por secuestros, torturas y violencia sexual en Santander

Santander volvió a ser escenario de un hecho histórico en el largo y complejo camino de la verdad, la justicia y la reparación. En la capital del departamento, durante los días 10 y 11 de diciembre, cuatro antiguos mandos del extinto Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP reconocieron públicamente su responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos de manera sistemática en esta región del país, una de las más golpeadas por esa práctica durante el conflicto armado.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La audiencia, convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tuvo lugar en Bucaramanga y reunió a comparecientes, víctimas, magistradas y organizaciones acompañantes en un espacio que dejó al descubierto no solo la magnitud de los crímenes, sino también la profundidad del daño causado en municipios santandereanos que durante décadas convivieron con el miedo, la extorsión y el cautiverio como paisaje cotidiano.

El Bloque Magdalena Medio tuvo una presencia determinante en amplias zonas del departamento de Santander, especialmente en el sur y el occidente, donde municipios como Landázuri, Santa Helena del Opón, Jesús María, Cimitarra y áreas rurales del Magdalena Medio santandereano fueron escenarios recurrentes de secuestros, tomas armadas, desplazamientos y ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Según estableció la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los secuestros perpetrados en esta región no fueron hechos aislados ni excesos individuales, sino parte de una política criminal estructurada, orientada a financiar la organización armada y a ejercer control social y territorial sobre comunidades enteras.

Reconocimiento ante las víctimas

“Les quitamos su libertad, les quitamos su dignidad”; “No fui capaz de asumir medidas para evitar que los secuestros ocurrieran”; “Reconozco que no evité ni sancioné a los guerrilleros bajo mi mando”. Con estas frases, pronunciadas en público y frente a las víctimas, cuatro comparecientes aceptaron su responsabilidad como máximos responsables regionales de los secuestros en el Magdalena Medio, incluidos los cometidos en Santander. El reconocimiento se dio en el marco del Caso 01, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc-EP y que ha calificado estos hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, no amnistiables ni susceptibles de perdón judicial.

Los comparecientes fueron Erasmo Traslaviña, alias Jimmy Guerrero, coordinador de la Unidad Norte, con influencia directa en Norte de Santander y zonas limítrofes con Santander; Pedro Trujillo, alias Alberto Cancharina, coordinador de la Unidad Centro, con injerencia en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, donde confluyen corredores estratégicos que impactaron a Santander; Jairo Cala, alias Jairo Mechas, integrante de la dirección de la Unidad Centro; y Fabio Gil, alias Norbey Narváez, responsable de las finanzas del Frente 23, con operaciones en áreas cercanas al territorio santandereano.

De los cuatro, solo uno había sido procesado (alias Norbey) previamente en la justicia ordinaria, lo que evidenció el alto nivel de impunidad que rodeó estos crímenes durante años.

Secuestro, una herida permanente

Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia fue el testimonio de Elías Serrano, víctima de secuestro en diciembre de 1985 en la vereda Valparaíso, municipio de Landázuri, Santander. Hoy, décadas después, vive con graves secuelas físicas que le impiden caminar.

“Estoy secuestrado en mi cuerpo. Ustedes me cortaron las alas”, dijo frente a quienes reconocieron su responsabilidad. Su relato condensó el impacto prolongado del secuestro, no solo como privación temporal de la libertad, sino como una condena que se extiende por toda la vida.

Otro testimonio clave fue el del oficial de la Policía Martín Valencia, secuestrado durante un año y cuatro meses tras la toma guerrillera a la Estación de Policía de Santa Helena del Opón, Santander, en 1991. Valencia relató los tratos crueles, la humillación y el abandono estatal que vivieron los policías secuestrados, y exigió que se reconociera también el daño causado a la población civil durante el ataque, incluido el incendio que afectó viviendas del municipio.

Erasmo Traslaviña aceptó públicamente la responsabilidad por esos hechos y se comprometió a colaborar en la búsqueda de policías desaparecidos en tomas guerrilleras ocurridas en territorio santandereano.

La audiencia también puso en el centro uno de los casos más dolorosos para el departamento: el secuestro de Ana Ilbia Ariza, ocurrido en el año 2000, cuando era candidata a la alcaldía de Jesús María, Santander.

Ana Ilbia relató que durante su cautiverio fue humillada, golpeada y violada sexualmente, y que las secuelas de ese crimen aún la acompañan. Su testimonio confirmó que el secuestro fue también un escenario de violencia sexual sistemática, un crimen históricamente silenciado.

Pese a ello, su intervención estuvo marcada por una reflexión profunda sobre el perdón como camino de liberación personal y colectiva. Desde hace 17 años, Ana Ilbia lidera una fundación que trabaja por la educación de niños y jóvenes vulnerables, muchos de ellos en zonas afectadas por el conflicto.

El compareciente Fabio Gil reconoció su responsabilidad directa en este crimen y aceptó que hombres bajo su mando cometieron la agresión sexual. Calificó el secuestro como “el comercio con la vida y la muerte” y reconoció que se trata de un crimen imperdonable y no amnistiable.

“Laboratorio” de violencia en el Magdalena Medio

Durante la diligencia, Jairo Cala describió los secuestros con fines económicos en el Magdalena Medio como un “laboratorio” de violencia, donde se normalizaron prácticas extremas de degradación humana. Relató intercambios forzados de familiares, amenazas de muerte y la muerte de personas en cautiverio ante la imposibilidad de pagar rescates.

 Estos patrones criminales afectaron de manera directa a comunidades rurales de Santander, donde el secuestro se convirtió en un mecanismo de control económico y social, fracturando el tejido comunitario y forzando desplazamientos silenciosos.

Justicia restaurativa con las víctimas en el centro

Tras esta audiencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará si los aportes realizados por los comparecientes cumplen con los estándares internacionales de verdad plena. De ser así, emitirá una Resolución de Conclusiones que trasladará el caso al Tribunal de Paz, donde se definirán Sanciones Propias, orientadas a trabajos restaurativos en favor de las víctimas del secuestro en regiones como Santander.

Más allá de las decisiones jurídicas, la audiencia dejó una huella profunda en el departamento: Santander no solo fue territorio del horror, sino ahora también escenario de reconocimiento, dignificación y exigencia de verdad.

En palabras de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien presidió la diligencia, lo ocurrido en Bucaramanga representa “la posibilidad real de convivir de nuevo como colombianos sin recurrir a las armas”, una afirmación que cobra especial sentido en una región que conoce de cerca el costo humano del conflicto. Santander habló. Las víctimas fueron escuchadas. Y la verdad, aunque tardía y dolorosa, comenzó a ocupar el lugar que durante años les fue negado.