Expansión de grupos ilegales y aumento del sicariato: los fantasmas de la violencia sí están de regreso en Santander

El departamento de Santander atraviesa un preocupante proceso de reconfiguración del conflicto armado, caracterizado por el fortalecimiento de organizaciones criminales, la disputa por corredores estratégicos del narcotráfico y un incremento sostenido de los homicidios por encargo en las principales zonas urbanas. Así lo advirtió el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso en un informe presentado recientemente en Bucaramanga.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El análisis, expuesto por el investigador Juan Esteban Arenas Pérez, señala que, aunque durante 2025 algunos indicadores de violencia política mostraron una disminución cercana al 30 %, esta reducción no puede interpretarse como un verdadero desescalamiento del conflicto. Por el contrario, según el observatorio, el descenso en ciertas cifras coincide con una consolidación silenciosa del control territorial ejercido por estructuras armadas ilegales.

“Hay una reconfiguración del conflicto armado en Santander. No se trata de un desescalamiento de la violencia, sino del posicionamiento y control de grupos armados ilegales”, explicó Arenas Pérez.

De acuerdo con el informe, el Clan del Golfo mantiene una fuerte influencia en amplias zonas de la provincia de Yariguíes y ha extendido su presencia hacia sectores del Bajo Rionegro, territorios considerados estratégicos por su ubicación y por su conexión con economías ilícitas.

A esta situación se suma la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura criminal que también estaría buscando establecerse en estas áreas del departamento. La coexistencia de ambas organizaciones podría derivar en enfrentamientos y en un escalamiento abierto de la violencia durante 2026.

El observatorio advirtió que en estos territorios rurales se está imponiendo una “violencia silenciosa”, expresada mediante amenazas, restricciones a la movilidad, control social y castigos contra la población civil, especialmente líderes comunitarios y presidentes de juntas de acción comunal.

“Son territorios aislados donde muchas situaciones no terminan siendo denunciadas ni visibilizadas públicamente”, precisó el analista.

ELN mantiene acciones de secuestro y extorsión

El informe también documenta la presencia del Ejército de Liberación Nacional en municipios del sur y suroccidente de Santander, entre ellos Coromoro y Charalá. En estas localidades se han reportado casos de secuestro y extorsión dirigidos contra comerciantes y productores, generando temor entre la población y afectando la actividad económica de estas regiones.

Paralelamente al recrudecimiento del conflicto armado en zonas rurales, el Observatorio de Paz y Derechos Humanos alertó sobre el crecimiento de la criminalidad organizada en los centros urbanos del departamento.

Durante 2025 se registraron 249 homicidios bajo la modalidad de sicariato en Santander, lo que representa un incremento del 9 % en comparación con 2024.

Las mayores concentraciones de estos asesinatos ocurrieron en Barrancabermeja y en el área metropolitana de Bucaramanga, aunque el fenómeno también se ha extendido a municipios como Piedecuesta, Floridablanca y San Gil.

En el caso específico de Bucaramanga, el observatorio reportó 82 homicidios sicariales en 2025, una cifra superior a la registrada el año inmediatamente anterior y que confirma la persistencia de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el control territorial.

Reclutamiento de menores

Otro de los aspectos más delicados del informe es el uso de niños y adolescentes en actividades relacionadas con la distribución de drogas. Según la Corporación Compromiso, estas prácticas se estarían presentando especialmente en instituciones educativas y en barrios vulnerables del departamento.

La captación de menores por parte de redes delincuenciales ha encendido las alarmas entre las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el impacto de este fenómeno en la seguridad y en el tejido social de Santander.

El informe también evidencia un incremento en la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Durante 2025 fueron asesinadas seis personas defensoras de derechos humanos en Santander, el doble de los casos registrados en 2024, lo que refleja el creciente nivel de riesgo que enfrentan quienes ejercen labores de liderazgo comunitario y defensa de los derechos fundamentales.

Las conclusiones del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso muestran que Santander enfrenta una etapa especialmente delicada. La expansión del Clan del Golfo, la presencia del ELN, la llegada de nuevos actores armados, el aumento del sicariato y el asesinato de líderes sociales configuran un escenario de alta complejidad para el departamento.

 Lejos de una disminución del conflicto, las cifras revelan una transformación de las dinámicas violentas, cada vez más sofisticadas y silenciosas, que amenazan tanto a las comunidades rurales como a los centros urbanos de Santander. 📊⚠️