Falsas campañas en telecomunicaciones

Los planes de internet, televisión y telefonía, que ofrecen las multinacionales que prestan estos servicios públicos en nuestro país, son el constante ‘dolor de cabeza’ para millones de usuarios que nos vemos sometidos a tener que afrontar los reiterados abusos desmedidos y descarados que llegan con las respectivas facturas de cobro mensual que no corresponden a los valores acordados, sometiendo al usuario a tener que pagar estos cobros indebidos y dolosos por el temor a que dichos “servicios” que vienen en paquetes sean cortados, sin que exista un control de los entes encargados de vigilar los derechos del usuario.

Lo triste de este “paseo millonario” propiciado por estas multinacionales que dice ser vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que tiene como propósito o frente de acción: “supervisar el cumplimiento de la regulación por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos vigilados, protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los usuarios de estos servicios”, funciones señaladas en el Decreto 1369 de 2020, que infortunadamente pasa a ser ‘letra muerta’, pues los atropellos y violaciones de los derechos del usuario pululan en nuestras ciudades y municipios.

Las multimillonarias cifras captadas de manera ilegal y perversa por estas multinacionales, son incalculables, pues cualquier cifra por irrisoria que parezca cobrada de más en volumen, suman millonarias cantidades. Lo irónico del caso es que la Superintendencia de Industria y Comercio habla de “sanciones sin precedentes a empresas de servicios de telecomunicaciones”, penas de tipo amonestación a varios proveedores, con opción de recurso de reposición y son tan ínfimas esas multas que se convierten en irrisorias, donde las propias empresas prefieren pagar y seguir en el mismo cuento.

Estas empresas cuentan con un departamento jurídico, que hace un seguimiento minucioso a clientes deudores por mínima que sea la cuenta, con amenazas de reportes a centrales de riesgo y demás perjuicios si la deuda no es cancelada.  Los reclamos a través de derechos de petición o PQURS son contestados en su gran mayoría con evasivas, dilatando el tema, pretendiendo “mamar” al usuario para que desista de su propósito con una tramitología maquiavélica, cuando es persistente por sus razones, es citado amablemente a las oficinas donde “gustosamente” encontrarán solución a su petición o reclamo.

En muchos de estos contratos leoninos firmados por el cliente, no se expide copia, pues de ellas solo queda la promesa de ser enviadas por correo o al celular. Dizque para acceder a “descuentos especiales” el cliente tiene que estar pendiente de unas fechas donde debe comunicar a la empresa que la acepta, de lo contrario quedará gravado de manera arbitraria en una nueva factura con un valor muy superior al que viene cancelando, sin que se consulte al usuario si está de acuerdo con esta nueva mensualidad del servicio.

Sin duda estamos al garete, sin una institución estatal que vele por los derechos del usuario en la prestación de servicios públicos en general. No existe ley ni un control exhaustivo para poner en cintura a estas instituciones.  Solo basta con acercarse a una de ellas para encontrar que en las filas la gran mayoría está allí por algún tipo de reclamo.  Ya ni la justicia cojea, mucho menos llegar.