Resumen
Exdirector del Instituto de Deporte de Santander y otros funcionarios enfrentan cargos ante la Procuraduría por supuestas irregularidades en un contrato de 2022. Se señalan infracciones en la planificación contractual, sobrecostos y contratación sin proyecto de inversión previo.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Fueron afectados con la decisión cinco servidores: el exdirector, la exasesora Jurídica, el excoordinador de Alto Rendimiento, así como los coordinadores de Deporte Asociado y Coordinador de Deporte Estudiantil y Formativo. Se identificaron presuntas irregularidades en la planeación contractual relacionadas con sobrecostos, indebida modalidad de contratación, así como haber contratado sin la existencia previa de proyecto de inversión.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
La Procuraduría formuló pliego de cargos y citó a audiencia al exdirector del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander (Indersantander), Pedro Belén Carrillo Cárdenas, por presuntas irregularidades en el contrato suscrito en 2022 con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales (SOTEA).
También fueron cobijados con la decisión del ente de control, la exasesora Jurídica, Mayra Alejandra Téllez Romero, así como a Raúl Enrique Gutiérrez Torres, coordinador de Alto Rendimiento y supervisor del contrato; Miguel Ángel Remolina Muñoz, coordinador de deporte Estudiantil y formativo, y Ramiro Andrés Pabón Martínez, coordinador de Deporte Asociado, todos funcionarios para la época de los hechos 2022.
De acuerdo con el Ministerio Público, los mencionados incurrieron en presuntas irregularidades en la planeación contractual por indebida modalidad de contratación, deficiencias en la planeación por sobrecostos en los implementos deportivos para las escuelas de especialización deportiva, así como por contratar sin que existiera proyecto de inversión en el banco de proyectos.
También se identificaron irregularidades en la ejecución contractual relacionadas con la deficiente labor de vigilancia y control en la supervisión del contrato n.° 341 de 2022, que tuvo por objeto el “Desarrollo e implementación institucional del programa de escuelas de especialización deportiva de talento y reserva dirigido a niños, niñas y adolescentes del departamento, potencializando el talento santandereano acorde al plan departamental de desarrollo”, suscrito el 6 de mayo de 2022, por cuatro meses y quince días por valor de $499.990.000, y ejecutado del 26 de mayo al el 10 de octubre de 2022.
En dicho contrato existió incumplimiento por parte del contratista SOTEA, reintegrando en septiembre de 2023 a Indersantander la totalidad de la suma de dinero entregada, evidenciándose en esta contratación, la posible defraudación de los principios y normas de contratación estatal y los postulados del interés general que impidieron la satisfacción de la necesidad reportada por el departamento.
Para la Procuraduría, Pedro Belén Carrillo, en su calidad de director de Indersantander, para la época de los hechos, incurrió presuntamente en dos faltas disciplinarias calificadas como gravísimas con culpa gravísima.
Por su parte, la exasesora jurídica, se le imputaron también dos faltas gravísimas, pero cometidas a título de dolo. Finalmente, a los tres coordinadores, la posible comisión de las faltas disciplinarias se les imputo a título de falta gravísima con culpa gravísima.
RECUADRO
Una condena reciente
Tal y como lo informó EL FRENTE de manera oportuna, recientemente el Tribunal Superior de Bucaramanga revocó, en segunda instancia, la decisión de un juez de conocimiento que absolvió a Raúl Enrique Gutiérrez Torres, exfuncionario del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander (Indersantander). En su lugar el funcionario fue sentenciado a 6 años y 1 mes de prisión.
Según la investigación, el condenado se desempeñó como supervisor de un contrato que tenía por objeto garantizar la asistencia de un club de karate santandereano, a un campeonato nacional que se realizaría en Madrid (Cundinamarca). Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Gutiérrez Torres incurrió en delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El contrato en referencia fue suscrito el 17 de mayo de 2007 entre el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander y el monto alcanzó los 16 millones de pesos. Tras una auditoría realizada al Indersantander dichas acciones fueron reportadas a la Contraloría.
Según se logró determinar, el hoy condenado incumplió con la verificación de los documentos presentados por el contratista, los cuales se determinó eran falsos. Así, quisieron soportar los supuestos gastos en los que había incurrido el club deportivo.
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