Fedegán se une a ofensiva contra el Decreto 0765 y exige al nuevo Gobierno derogarlo por presunto riesgo a la propiedad privada
Fedegán pidió derogar el Decreto 0765 por considerar que altera el régimen registral y pone en riesgo la propiedad privada.
Fedegán pidió derogar el Decreto 0765 por considerar que altera el régimen registral y pone en riesgo la propiedad privada.
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A pocos días del relevo presidencial, el Decreto 0765 de 2026 se convirtió en uno de los últimos grandes focos de confrontación política y jurídica del Gobierno de Gustavo Petro. A las críticas de la senadora Paloma Valencia se sumó ahora la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), cuyo presidente, José Félix Lafaurie, solicitó al Gobierno entrante la derogatoria inmediata de la norma al considerar que genera inseguridad jurídica y pone en riesgo el derecho a la propiedad privada.
El decreto, expedido el 15 de julio por el Ministerio de Agricultura, reglamenta el saneamiento de los predios y mejoras que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquiera o reciba dentro del proceso de reforma agraria. Sin embargo, sus disposiciones han despertado una fuerte controversia entre sectores de oposición y gremios agropecuarios, que sostienen que el Ejecutivo excedió sus facultades reglamentarias.
Lafaurie afirmó que el decreto introduce modificaciones que alteran el régimen registral colombiano sin pasar por el Congreso de la República. Según explicó, una de las disposiciones más polémicas permite que la ANT produzca efectos registrales con una simple promesa de compraventa, mediante un código especial que, aunque el Gobierno define como publicitario, tendría efectos inmediatos sobre el folio de matrícula inmobiliaria.
El dirigente gremial también cuestionó que la entidad pueda asumir la posesión administrativa de un predio sin que exista una entrega material del inmueble, lo que, a su juicio, permitiría que el control jurídico y administrativo pase anticipadamente al Estado antes de concretarse la transferencia definitiva.
Otro de los aspectos que preocupa a Fedegán es la posibilidad de cancelar gravámenes y solicitar la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria libre de cargas. Para Lafaurie, esta medida equivale a modificar por decreto el Estatuto Registral establecido en la Ley 1579 de 2012, dejando de lado el papel de jueces y registradores en la validación de estos procedimientos.
El presidente de Fedegán advirtió que estas disposiciones podrían generar conflictos difíciles de revertir, ya que un eventual propietario o reclamante perdería su derecho real sobre el inmueble para quedar limitado a una eventual reclamación económica contra el Estado.
Además, cuestionó la rapidez con la que fue expedida la norma. Recordó que el proyecto permaneció apenas seis días en consulta pública, entre el 2 y el 8 de julio, y fue firmado el 15 de julio por ministros encargados, situación que, según dijo, aumenta la percepción de improvisación en una decisión de alto impacto para el régimen de propiedad rural.
Las críticas de Lafaurie coinciden con las formuladas días atrás por la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, quien sostuvo que el Decreto 0765 representa un intento de modificar por vía administrativa reglas que solo pueden cambiarse mediante una ley o decisiones judiciales.
La congresista aseguró que la norma permite a la Agencia Nacional de Tierras cancelar gravámenes, producir efectos registrales con una promesa de compraventa y adelantar actuaciones administrativas antes de la entrega material de los predios, lo que, en su criterio, vulnera las garantías constitucionales sobre la propiedad privada y desborda las facultades reglamentarias del Gobierno.
Valencia incluso advirtió que el decreto podría ser demandado ante el Consejo de Estado por presuntas violaciones al ordenamiento jurídico y afirmó que, si posteriormente llegara a ser anulado, podrían producirse complejos litigios sobre los procesos de transferencia de tierras ejecutados mientras la norma permanezca vigente.
Desde el Gobierno saliente, la defensa del Decreto 0765 ha sido que las nuevas disposiciones buscan agilizar el saneamiento jurídico de los predios destinados a la reforma agraria, facilitar la formalización de tierras y superar los obstáculos administrativos que históricamente han retrasado la redistribución de tierras para campesinos.
Entretanto, la controversia continúa creciendo y amenaza con trasladarse de la arena política a los estrados judiciales. Con la petición de Fedegán para que el nuevo Gobierno derogue la norma y los anuncios de acciones legales por parte de la oposición, el Decreto 0765 quedó convertido en uno de los actos administrativos más discutidos del cierre del mandato de Gustavo Petro y en un nuevo capítulo del debate nacional sobre los límites de la reforma agraria y la protección del derecho a la propiedad privada.
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