Fenalco demandó decreto que fijó el salario mínimo Reajuste del 23,7% es inconstitucional.
Resumen
Fenalco demandó el decreto del salario mínimo fijado en 2 millones por falta de sustento técnico y jurídico. El aumento del 23% amenaza con pérdidas masivas de empleos y cierre de empresas. El asunto está generando controversia jurídica con demandas ante el Consejo de Estado.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Federación Nacional de Comerciantes advierte que este incremento podría implicar la pérdida de más de 772.000 empleos, así como el cierre de grandes, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con los expertos en derecho constitucional, el presidente de la república Gustavo Petro Urrego pisoteó la Constitucional Nacional y asumió una actitud dictatorial que significará la destrucción del sector productivo del país.
Como se anticipó desde finales del año pasado, la decisión del Gobierno de incrementar el salario mínimo en un 23 %, y establecerlo en 2 millones junto con el auxilio de transporte, fue demandada ante el Consejo de Estado. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) considera que el aumento carece de sustento técnico y jurídico. Según el gremio, la Ley 278 de 1996 establece que el ajuste del salario mínimo debe basarse en circunstancias como la inflación, la devaluación de la moneda nacional y la productividad, lo que habría arrojado un incremento cercano al 6,21 %, muy lejos del 23,7 % arbitrariamente decretado, si se incluye el aumento del auxilio de transporte.
“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, concluyó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien el año pasado no participó de la mesa de concertación para el incremento del salario mínimo al considerar que no había garantías para llegar a un acuerdo. La Federación de Comerciantes advierte que, de no corregirse este incremento, se perderían alrededor de 772.340 empleos y se cerrarían innumerables tiendas de barrio y pequeñas industrias de carácter doméstico.
La subida del salario mínimo, que lo llevó hasta el umbral de los $2 millones, sigue en el centro de la controversia jurídica. Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al revelar que, en el primer día, tras el reinicio de la actividad judicial ya se habían radicado nueve demandas de nulidad y seis tutelas contra el decreto expedido por el Gobierno.
