Resumen
Carlos Ramón González, exdirector de la Agencia de Inteligencia del gobierno, renunció tras ser implicado en una red de corrupción. La trama involucra a varios funcionarios y congresistas que presuntamente gestionaron contratos a cambio de beneficios legislativos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Según la Fiscalía, Carlos Ramón González habría formado parte de una compleja red de corrupción de la cual formaban parte Olmedo López, ex director de la UNGRD, y el santandereano Sneyder Pinilla, exsubdirector de la unidad. Al parecer, ellos recibían órdenes directas de Ricardo Bonilla, ministerio de Hacienda; de Luis Fernando Velasco, exministro del interior y Carlos Ramón González, quien para el momento de los sobornos se habría desempeñado como director del Dapre.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El mapa del entramado de corrupción continuaría con el pago de los sobornos, esto habría estado a cargo de la consejera de las regiones, Sandra Ortiz. Además, hay varios funcionarios de distintas entidades habrían gestionado contratos para favorecer a congresistas, con quienes se definían previamente beneficios legislativos. Es decir, contratos a cambio del trámite de proyectos de Ley.
En este punto, con mucha insistencia aparecen el expresidente del senado de la República Iván Name y el expresidente de la cámara de representantes, Andrés calle. Otros congresistas implicados que habrían pactado los contratos con los funcionarios antes mencionados serían Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz ex representante del partido verde Julio Chagui, el representante Wadith Manzur y Karen Manrique, representante de la curul de paz.
Según Pinilla y López hay otros funcionarios del alto gobierno que tenían pleno conocimiento de todos los manejos irregulares y entre los nombres de mayor notoriedad sobresalen la ministra de trabajo Gloria Ramírez, y el ministro de salud Guillermo Jaramillo.
Salpican a Carlos Ramón
El más reciente giro en toda esta historia llegó ayer por cuenta de la renuncia a su cargo en el gobierno nacional de Carlos Ramón González: “Me permito Presentarle mi renuncia irrevocable al cargo de Director Nacional de Inteligencia. Agradezco la oportunidad de acompañarlo durante este espacio de tiempo, en este sueño que hemos compartido por muchos años”.
Así empieza la escueta carta con la cual el actuar director de la Agencia de Inteligencia del gobierno nacional, el santandereano Carlos Ramón González, tomó la decisión de apartarse de su cargo, carta que apareció 24 horas después de que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia revelara su nombre en medio de las investigaciones que se siguen para establecer la cadena de corrupción en la UNGRD.
La carta, con escasas 120 palabras, continúa así: “Ante los últimos acontecimientos conocidos a través de los medios de comunicación, mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación, he considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública”.
A renglón seguido, el saliente director de inteligencia, reiteró que cualquier vinculación de su nombre en el episodio de corrupción es completamente falsa: “Me he jugado la vida por este proyecto y jamás atentaría contra él, mi inocencia es irrefutable. Acepté la invitación para acompañarlo, porque estoy convencido que a través del gobierno del cambio que usted con sabiduría lidera, seguiremos avanzando hacia la democracia y la paz de Colombia”, finaliza la carta, la cual fue contestada desde Francia, vía Twitter, por el Presidente de la República, Gustavo Petro.
“Acepto la renuncia de Carlos Ramón, director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país. Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo”, expresó el presidente de la República, quien horas antes había señalado que cualquier funcionario salpicado en este y otros escándalos de corrupción debían abandonar de inmediato el cargo y probar su inocencia fuera del gobierno.
Los señalamientos de la Fiscalía
Los fuertes señalamientos en contra de Carlos Ramón González, quien contrató al abogado Iván Cancino para ejercer su defensa, los efectuó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en medio de las revelaciones que hizo allí en contra de varios senadores y representantes a la cámara que habrían recibido dineros a cambio de gestión legislativa.
“Tras el hallazgo inicial de una defraudación multimillonaria, la Fiscalía General de la Nación reveló el funcionamiento de la organización delincuencial que se tomó por varios meses la contratación estatal en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con la participación del exdirector Olmedo de Jesús López Martínez, el ex subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el empresario Luis Eduardo López Rosero”, expresó la fiscal delegad durante la audiencia de las primeras imputaciones.
Para la Fiscalía, los tres investigados, en complicidad con otros funcionarios, “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales se destaca la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia para la ejecución de las respuestas ante emergencias a través de decretos de calamidad pública y declaratorias de desastre nacional, logrando consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros.
Asimismo, sabían que desplegar este tipo de comportamientos estaba prohibido por la ley, motivo por el cual les era exigible no concertarse con otras personas para cometer delitos en contra de la administración pública y la fe pública, ni mucho menos organizarse de forma estructurada y con reparto de roles y funciones para consolidarse como una organización criminal que tenía como propósito el direccionamiento ilícito de la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en aras de apropiarse de dinero del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general”.
y señaló por ejemplo a Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, como otro enlace clave en la operación de sobornos, y quien habría recibido órdenes de Carlos Ramón González como su jefe directo, cuando éste se desempeñaba como director del DAPRE: Ortiz por orden de González, habría entregado coimas por 4 mil millones de pesos a Iván Name, expresidente del Senado, y a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representante. Sin embargo, González aún no ha sido acusado formalmente.
En estos términos expuestos ante el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó, de acuerdo a su rol y grado de participación, cargos a López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
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