Fiscalía imputó a contratista e interventor del Dámaso Zapata
Resumen
La Fiscalía acusó a Manuel Vesga Moreno y Pedro Beltrán Dulcey por irregularidades en el contrato de mejoras del Instituto Tecnológico Dámaso Zapata, debido a mala planificación y falta de licencias en obras de demolición y reconstrucción.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El órgano investigador detectó graves irregularidades en las obras
Desde una veeduría ciudadana, que realizó seguimiento al proceso contractual, aseguraron que las anomalías se habían advertido con anticipación, pero nadie se preocupó por investigar.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un contratista y a un interventor por presuntas irregularidades en el contrato destinado al mejoramiento de la infraestructura del Instituto Tecnológico Dámaso Zapata de Bucaramanga, proyecto que comprometía una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos.
Los procesados son Manuel Vesga Moreno, quien actuó como contratista, y Pedro Beltrán Dulcey, designado como interventor del proyecto. La investigación judicial establece que el 28 de mayo de 2021 la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga firmó el contrato con un consorcio encargado de ejecutar las obras de remodelación del plantel educativo.
Durante la revisión técnica del proyecto, la Fiscalía identificó irregularidades relacionadas con el manejo del relleno en la cancha de fútbol del colegio, además de deficiencias en la planeación para la demolición y posterior reconstrucción de varias estructuras del establecimiento educativo.
Por estos hechos, el ente acusador formuló imputación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos implicados aceptó los cargos presentados por el organismo investigador.
Sin licencia y sin recursos
Johana Luna, integrante del grupo de control ciudadano, sostuvo que desde el año 2023 se presentaron alertas ante funcionarios de la administración municipal sobre presuntas inconsistencias en el proyecto.
La veeduría también cuestionó la demolición de varias edificaciones, entre ellas el auditorio del colegio, sin contar con licencia y sin recursos asegurados para su reconstrucción. Tras esas demoliciones, la administración municipal solicitó al Concejo autorización para gestionar un crédito cercano a 82.000 millones destinado a financiar nuevas obras en el plantel educativo.
