Fiscalía llama a juicio a exfuncionario por el robo de "narco-lingotes de oro"
Resumen
Juan Carlos Vargas, exfuncionario de la SAE, enfrentará juicio por presunto peculado al desaparecer bienes incautados a un capo. El caso involucra un hackeo al expediente y falta de avances en investigacion en Colombia, generando dudas sobre la efectividad judicial.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)La Fiscalía ha llamado a juicio a Juan Carlos Vargas, exdepositario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), acusado de peculado por apropiación en el caso del extravío de 10 supuestos lingotes de oro, una pulsera de 18 kilates y una colección de 69 relojes avaluados en más de $1.300 millones. Estos bienes habían sido incautados a Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’, un antiguo capo de la mafia.
Según el expediente, Vargas recibió la custodia de estos elementos entre febrero de 2021 y abril de 2022 y se suponía que estaban resguardados en una caja fuerte. Sin embargo, al ser relevado de su cargo y realizarse el traspaso de bienes a otros funcionarios de la SAE, se descubrió que los objetos habían desaparecido. La Fiscalía sostiene que Vargas presuntamente se apropió de ellos en beneficio propio.
Mientras Vargas es el único procesado hasta el momento, la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre la posible participación de exfiscales y policías de la DIJIN en la desaparición de los bienes incautados. No obstante, tras más de dos años, no se han reportado avances significativos.
Además, se indaga un presunto intento de hackeo al expediente del entonces fiscal 90 anticorrupción, sin que se conozcan progresos en el caso. Otra línea investigativa apunta a la fiscal que llevó a juicio a ‘Pipe Montoya’, quien está siendo investigada por presuntamente haber intentado engañar a una jueza especializada. No obstante, el fiscal a cargo de esta pesquisa fue removido tras una recusación, lo que ha dejado el proceso en un estado incierto.
La falta de avances en estas investigaciones ha generado sospechas sobre una posible dilación del caso dentro de la Fiscalía, lo que ha puesto en entredicho la efectividad del proceso judicial en torno a uno de los robos más escandalosos de bienes incautados en Colombia.