Resumen
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28 horas después de haber iniciado la primera de una serie de reuniones para socializar el decreto que pretende imponer sobre las comunidades de la Provincia de Soto Norte una reserva temporal, fracasó el proceso. ¿La razón? Pues que el gobierno no llegó a realizar consensos sino a imponer su voluntad. Ese es el sabor que quedó entre los pobladores.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Considerando que el Ministerio de Ambiente no ha brindado las garantías para la concertación con las comunidades afectadas por la zona de reserva que se pretende implementar cerca a Santurbán, violando la constitución, el Acuerdo de Escazú y la sentencia T361 de la Corte Constitucional, las comunidades de Vetas, Suratá y California exigieron al Ministerio de Ambiente sus derechos a la participación ciudadana, un ambiente sano y la vida y vida digna, e impidieron que se realizaran las tres reuniones convocadas por el Ministerio en Vetas, California y Suratá, donde se pretendía notificar a la población sobre el alcance y las implicaciones de la zona de reserva temporal.
Alcaldes, líderes sociales, concejales, pequeños mineros y campesinos denunciaron que el Ministerio de Ambiente quiso presentar la resolución para bloquear la zona, sin la presencia de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, sin una metodología clara de concertación como lo ordena la Corte Constitucional, sin garantizar una convocatoria amplia (solo asistieron entre 10 y 15 personas por municipio), y sin garantizar el transporte, transmisión, sonido o la logística necesaria para los más de 35 mil afectados puedan conocer el alcance de la prohibición.
“No puede el Ministerio argumentar que, al ser una resolución de carácter temporal y hecha por el principio de precaución, no se puede garantizar el derecho a la participación y concertación. Esto es un argumento mañoso e inválido, porque el derecho a la participación en las decisiones ambientales es un derecho fundamental de carácter constitucional que debe ser respetado siempre, y sin excepción”, indicó Angélica García, alcaldesa de Vetas.
La Alcaldesa recalcó que toda la comunidad de Vetas conoce el derecho a la participación por eso solicitó que “no se permita que este acto administrativo quede en firme y eso se puede lograr haciendo un ejercicio pacífico de resistencia como lo hizo hoy la comunidad, retirándose de la reunión, expresando que nos sentimos acorralados por el Ministerio. Por todo esto vamos también a establecer una defensa judicial”.
En las jornadas estuvieron marcadas por la desconfianza, la firme exigencia de sus derechos de participación ciudadana, la preocupación por las graves afectaciones de la medida como el desplazamiento forzado, y el rechazo generalizado a la implementación de una zona de reserva.
Las comunidades de Vetas, Suratá y California protestaron enfáticamente contra el Ministerio de Ambiente, e incluso exigieron que el Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del MinAmbiente, Óscar Francisco Puerta, que se declare impedido para seguir interviniendo en este proceso, pues través de la red social X, ha expresado abiertamente estar en contra de la minería de oro y materiales de construcción, lo que despertó la furia de la población.
Al respecto, el alcalde de California, Danilo Valbuena, aseguró que “las comunidades están cansadas, y desde la institucionalidad también le hemos dicho al Ministerio, que por favor escuché y concerté con las comunidades. Antes de imponernos una reserva temporal, primero se debe solucionar el problema de la formalización de los mineros del territorio. La posición de la administración municipal es no a la reserva temporal del macizo de Santurbán porque más del 98% de nuestro territorio que no está dentro del Páramo, se verá afectada. Nos condenan a la ilegalidad”.
Así mismo, veedores ciudadanos en Vetas denunciaron que, paradójica y extrañamente, luego del cambio de Procurador y Defensor del Pueblo, para esta oportunidad no se autorizaron las comisiones ni los viajes para que los delegados de estos organismos de control asistieran a la reunión y dieran las garantías necesarias.
“Dice la señora asesora que concertación no hay, entonces para qué vienen a estos territorios si es una decisión tomada y es algo que va porque va. Esto parece una dictadura, donde se hace lo que el Gobierno diga, sin participación ambiental y sin Escazú. Tienen un afán político de sacar esta reserva temporal, violando nuestros derechos, y nos sentimos discriminados”, indicó Ivonne González, líder minera de Vetas y veedora de Santander.
Los habitantes, autoridades y líderes sociales de Soto Norte resaltaron además la Procuraduría y la Defensoría exigieron en un informe del pasado 11 de diciembre, que antes de declarar una nueva zona de reserva temporal, el Ministerio de Ambiente primero termine el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, el cual en la actualidad solo tiene un avance del 3% luego de más de 7 años de discusiones, lo que implicaría un eventual desacato.
En conclusión, el Ministerio de Ambiente fracasó en su intento de presentar, sin concertar previamente, el proyecto de zona de reserva temporal por falta de garantías y por pretender violar los derechos de los habitantes de la zona. Por el contrario, se dejó en claro que los habitantes de la zona no están dispuestos a modificar sus vidas y dejar a un lado su vocación minera, por lo que denominaron como un “capricho de los funcionarios del Ministerio de Ambiente que desde Bogotá quieren hacer política y acabar una actividad ancestral que podría regularse a través de la formalización”.
