Resumen
El concejal Manuel Eduardo Ardila Rojas fue inhabilitado para ocupar cargos públicos tras descubrirse su vinculación con una compañía de transporte con la que firmó contratos como empresario antes de su elección. Este caso ejemplifica la necesidad de sanciones severas y transparencia en la política.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Para la democracia es una burla que algunos candidatos, con plena conciencia de que están inhabilitados, se postulen a cargos públicos con la esperanza de eludir la ley y engañar a la ciudadanía. Manuel Eduardo Ardila Rojas, actual concejal de Puerto Wilches, es un empresario vinculado con una empresa de transporte que celebró contratos con el municipio y pretendió ocultar su vínculo comercial mediante la venta simulada de sus acciones poco antes de las elecciones, según lo estableció la magistrada María Eugenia Carreño en sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 2 de septiembre de 2024.
La sentencia que ordena la pérdida de investidura de Ardila Rojas, es un ejemplo claro de una conducta reprochable que pone en evidencia la necesidad de aplicar sanciones ejemplares a quienes infringen la ley de forma deliberada en materia política y, mucho más, cuando el aquí sancionado sabía que estaba inhabilitado por haber firmado contratos con entidades públicas antes de su elección, un dolo que podrá traerle graves consecuencias de tipo penal.
El proceso electoral es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos eligen a sus representantes con la esperanza de que actúen en favor del bien común. Pero, ¿qué sucede cuando uno de esos representantes llega al poder con la sombra de una ilegalidad sobre su cabeza? El caso de Ardila Rojas es una muestra de la irresponsabilidad de aquellos que, a sabiendas de sus inhabilidades, no solo participan en el proceso electoral, sino que ocupan un cargo público mientras violan las normas.
Es indignante ver que candidatos como Ardila Rojas se postulan para cargos públicos burlándose no solo del sistema legal, sino también de los votantes que confiaron en él. En un país donde la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos son problemas endémicos, es fundamental que aquellos que se presentan como líderes actúen con transparencia y dentro de la legalidad. La justicia, al retirar la investidura de Ardila Rojas, ha dado un mensaje claro: no se tolerará que quienes infringen las normas ocupen cargos públicos y utilicen su posición para beneficio propio. Este es un logro para la democracia, que, en muchos casos, se ve asediada por quienes buscan evadir las responsabilidades que conlleva el ejercicio del poder.
Candidatos que, por avaricia o deshonestidad, buscan sortear las leyes para acceder al poder, deben ser severamente castigados. La sanción a este concejal debe ser vista como una advertencia para todos aquellos que intenten llegar al poder mediante trampas. El peso de la ley caerá sobre ellos, y los ciudadanos tienen la responsabilidad de exigirlo. Lo único que resta es pedirles a las autoridades protección al denunciante ante las claras y violentas amenazas que ya están circulando en las redes sociales y en las esquinas del municipio. Suficiente violencia tenemos con la inoperatividad de este gobierno como para ver en Santander el reinicio de una violencia política. (Ver sentencia).
