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Fueros y juegos cruzados

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Resumen

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Por: Alfonso Gómez Méndez

Muchas preguntas siguen sin respuesta en el grave caso de corrupción de la UNGRD, para algunos, caja menor del cohecho político. Hasta ahora solamente hay ruido mediático en ese y otros escándalos. Entendiendo que los tiempos de la justicia son más lentos que los del periodismo, es urgente que el país conozca realmente qué pasó y cómo pasó.

¿Estamos solo ante el caso de unos “rateritos”, como dice el ministro del Interior, que aprovecharon su condición de administradores de ingentes recursos para su enriquecimiento personal? O, ¿hubo en efecto una acción coordinada desde el centro del poder para entregar millonadas en efectivo y garantizar la aprobación de las reformas en el Congreso? ¿Ésta podría ser una situación similar a la de Vladimiro Montesinos en el Perú, con la diferencia de que allí el delito quedó grabado en video y produjo la caída y posterior procesamiento del presidente Fujimori?

Paradójicamente, “el chino”, como le decían sus seguidores, había llegado al poder como el outsider que prometía acabar con la corrupción y reestablecer la seguridad en un país agobiado por el terrorismo del Sendero Luminoso. Aquí habrá que ver si se comprueba la mezcla entre el enriquecimiento ilícito y el uso del dinero público para comprar conciencias, o si los señores López y Pinilla se inventaron este entramado para ocultar sus propios delitos.

Si los hechos son total o parcialmente ciertos alguien debe asumir la responsabilidad política de haberlos designado. ¿con cuántos personajes políticos encopetados se codeaban? Es preciso establecer si hubo una relación directa entre las pasadas campañas regionales y el chorro de dinero que habría salido del erario. La justicia también debe determinar, si es cierto que se movieron grandes cifras en efectivo, ¿Cómo lograron los implicados sacar ese dinero de los bancos burlando los controles?

La figura del principio de oportunidad a veces no ha servido para subir en la escala criminal, sino para garantizar la impunidad. En ocasiones quienes aspiran a ese beneficio lanzan nombres al aire para llevarlos a negociar su no acusación. Por eso ahora los grandes criminales de la guerra se muestran como “gestores de paz” y personajes como Emilio Tapia se ofrecen como “gestores anticorrupción”. Si los señores López y Pinilla solo tramitaron plata para congresistas a cambio de sus votos, ¿por qué anuncian que están dispuestos a devolver dinero si de nada se apropiaron?

¿Será cierto como se dice -hasta ahora sin pruebas irrefutables- que hay una relación entre miembros de la Comisión de Acusaciones, que en teoría investiga al presidente, y la entrega de puestos, contratos o dinero en efectivo? ¿Se tratará solamente de una trama? ¿Terminarán entonces sentenciados por injuria y calumnia los señores López y Pinilla? ¿O será un caso de perturbación mental que los hace penalmente inimputables? ¿Tendrán esos denunciantes en su cabeza las imágenes de Sabas Pretelt, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, que ya descansa en la paz del señor?

La respuesta a estos candentes interrogantes la tiene el aparato judicial. Aquí habría otra pregunta: ¿el diseño constitucional actual sirve para darle tranquilidad a los colombianos?

En el caso de los no aforados no cabe duda de que la Fiscalía -a su ritmo- está haciendo el trabajo de investigación con todas sus capacidades de policía judicial. Para los miembros del Congreso la palabra la tiene por ahora la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que seguramente y por el clamor popular -ahora que tanto se invoca al pueblo- actuará con celeridad.

La Constitución del 91, lamentablemente, dejó un sistema de “fueros cruzados” entre congresistas y magistrados de la Corte. Ya uno de ellos parece que se declaró impedido por estar, él también, denunciado ante la Comisión de Acusaciones. Es un cuello de botella.

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