Resumen
El gobernador de Santander exigió al Ministerio de Ambiente detener la creación de una Zona de Reserva en Soto Norte, argumentando violaciones a normas constitucionales y falta de consulta con comunidades afectadas, lo que podría llevar a grave impacto socioeconómico.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)Por “transgredir innumerables normas constitucionales y legales”
El gobernador de Santander denunció que el Ministerio de Ambiente incumplió el acuerdo que hizo con el gobierno departamental y a la Procuraduría, de hacer mesas técnicas con la comunidad y las autoridades para analizar el impacto de la resolución. El mandatario regional le pidió a la ministra de Ambiente que antes de establecer nuevas restricciones, finalice el proceso de delimitación del páramo que lleva 7 años de retraso, y por el cual hoy una Juez adelanta un proceso de desacato en contra de la ministra Muhamad.
En una contundente comunicación dirigida a la ministra de Ambiente saliente, Susana Muhamad, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, le solicitó suspender de inmediato la expedición de la resolución que pretende implementar una zona de reserva en 7 municipios del departamento, hasta que se cumpla con una debida concertación con las comunidades afectadas. El gobernador advierte que el “proyecto de resolución de la Zona de Reserva Temporal en el Macizo de Santurbán transgrede innumerables normas constitucionales y legales, y va a producir un daño irreparable a los municipios” donde habitan más de 30 mil santandereanos.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
En una contundente carta, el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, le solicitó a la Ministra de Ambiente suspender la expedición de la resolución que pretende imponer una zona de reserva en 7 municipios del departamento, dado que la evaluación técnica y legal hecha por el Departamento indica que se trata de una restricción ambiental que incumple el derecho constitucional a la participación, es ilegal, no se ha concertado, trasgrede la Constitución, y llevaría a la quiebra económica a más de 35 mil santandereanos.
"Le pido, respetuosamente, que suspenda y revise muy bien esa decisión, pues de concretarse va usted a transgredir innumerables normas constitucionales y legales, y a producir un daño irreparable a los municipios”, indicó el Gobernador en la carta enviada a la Ministra el pasado lunes 10 de febrero, en la que además señala que de aprobarse esta nueva “reserva temporal”, se afectará el 98% del territorio de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, municipios mineros y agrícolas que quedarían condenados a la pobreza. “¡Esto significa la quiebra de estos municipios!”, alarmó el Gobernador.
Según el Gobernador, el Ministerio de Ambiente incumplió el compromiso pactado con la Gobernación, y solicitados por la Procuraduría General de la Nación, de realizar mesas técnicas de análisis y discusión sobre la zona de reserva, con la participación de las autoridades ambientales del departamento y la nación, las comunidades, y las organizaciones sociales, antes de formular y expedir una resolución de zona de reserva que afectará a más de 30 mil santandereanos.
Sobre la eventual violación al derecho de participación ciudadana, el Gobernador afirmó que, en una sola semana, y de forma apresurada, se hicieron una serie de reuniones en los seis municipios de la provincia con muy baja asistencia de la comunidad de base.
“No sobra advertir que a la luz de las normas internacionales, de la Constitución y de la ley, la participación ciudadana en materia ambiental hoy tiene una dimensión distinta y no puede ser materializada con la simple divulgación de un proyecto normativo que ha sido construido unilateralmente por la autoridad nacional y que consigna una decisión ya tomada sobre la cual no han tenido ninguna incidencia los entes territoriales y las comunidades de base que van a resultar afectados con la decisión”, advirtió Díaz Mateus.
El mandatario, pidió que “antes de tomar una decisión de semejante peligrosidad, pongamos en marcha las mesas técnicas que hace ya más de 6 meses convinimos” esto teniendo en cuenta que en una reunión sostenida el 25 de julio de 2024 se concertó que antes de avanzar en la creación de más restricciones ambientales, se implementaría conjuntamente una serie de mesas técnicas con funcionarios de ese ministerio, la gobernación, las alcaldías y las principales organizaciones comunitarias de los municipios afectados.
En el documento, el mandatario departamental no solo argumenta su radical oposición a la restricción como está estipulada en el proyecto de resolución, sino que también expone los efectos nocivos que causaría para la sostenibilidad socioeconómica y la autonomía de los territorios.
“Le ruego que entienda que una determinación de este calibre, además de irracional, resulta inadmisible para nuestra región, pues constituye un exceso y una extralimitación del poder central hacia los santandereanos”, indicó el Gobernador, quien con vehemencia le dice a la ministra que se debe respetar la vocación minera y agropecuaria de esta región, pues “ningún funcionario público está dotado de atribuciones para quitarle la identidad a un pueblo.”
Además, el Gobernador cuestionó como “extraño” que el proyecto de resolución hable de una restricción para proteger el macizo de Santurbán, cuando las determinaciones que se están tomando cobijan solamente a 6 de los 40 municipios que tienen incidencia en el páramo, y hoy la Ley ya impide cualquier tipo de minería dentro de ese ecosistema.
“Dicha imprecisión no es menor y debe ser corregida porque con ella se induce al error de creer que esta es una medida para la protección del páramo de Santurbán, cuando todos sabemos claramente que no es así y ustedes abiertamente lo han reconocido”, concluye Díaz Mateus.
El funcionario radicó la carta junto a una evaluación hecha por la Dirección de Asuntos Minero Energéticos de la Gobernación donde piden al Ministerio que se abstenga de convertir en resolución el proyecto de Reserva Temporal para Soto Norte, puesto que además de las falencias técnicas y legales, sería una normativa que terminaría favoreciendo a los mineros ilegales y castigando a los legales que por años han trabajado para preservar la vocación y el medioambiente en el territorio.