Gobernando por decreto

El gobierno encontró la manera de prescindir del Congreso de la República para imponer sus reformas fiscales, acudiendo a la vía del decreto, amparado o no en un estado de emergencia constitucional, que le permita prescindir del legislativo.

Los nuevos tributos que quiso imponer en la fracasada ley de financiamiento al año 2025, los acomodó en la emergencia económica, también de finales del 2025; y como está emergencia a su vez fuera suspendida por la Corte Constitucional, en la emergencia económica decretada en enero del presente año, por los hechos de las inundaciones de Córdoba y toda la cuenca del rio Sinú, volvió a acomodarlos y a aumentarlos.

El bloqueo institucional que aduce el gobierno es precisamente el resultado del inadecuado manejo de las relaciones con las fuerzas políticas representadas en el Congreso o con la desatención de las prescripciones constitucionales para el ejercicio de la gobernanza, que conduce a que el contrapeso democrático que ejerce el control constitucional y legal de dichos decretos conduzca a su eliminación.

Esta situación, creada por el mismo gobierno al desatender las reglas que impone un estado de Derecho, en el cual se controla normativamente el ejercicio del poder,  la utiliza como una justificación para la constituyente que ha venido ambientando y que pretende  convocar, para entronizar en la misma, la idea una “democracia  plebiscitaria”; es decir, que cuando no le funcione el Congreso o las Cortes tumben sus leyes o decretos, se establezcan mecanismos rápidos y agiles, de participación popular, quienes tendrían la última palabra.

La reforma a la Constitución que se quiere implantar en la tal constituyente implica necesariamente sustituir la Constitución actual, para abrir paso a una forma de democracia, donde se pueda acudir a la decisión popular, cada vez que las instituciones no le funciones como quiere el gobernante. En nuestra opinión ello significaría, nada más y nada menos, que la introducción del caos institucional en nuestra democracia, so pretexto de hacerla más participativa.

Soy de los que piensa que la Constitución de 1991 no es un “dechado de virtudes”, como se la ha querido presentar.  Tiene muchas cosas buenas en el campo de los derechos humanos y protección de la persona que hay que destacar, pero sus más de treinta años de vigencia, han mostrado algunas materias que es conveniente revisar, algunas tan importantes, como las que tocan con la autonomía judicial; pero de allí a pretender hacer “tabula rasa” y reemplazarla bajo la falsa premisa de darle más participación al pueblo, no tiene justificación y es por lo menos un verdadero despropósito.

Pero es problema del futuro que está por venir; ahora tenemos otros no menos delicados, como el que hacer con los decretos que están imponiendo tributos, para superar un problema que ya está superado. Ya no hay inundaciones y no hay estudios que midan cuales deben ser las obras que mitiguen los riesgos de futuras inundaciones y cuáles deben ser sus costos; el gobierno se inventó una cifra para recaudar fondos, que se los llevará la corriente electoral.