Gobierno celebró cifras del agro con un paro encima y se viene otro

Durante el discurso de instalación del Congreso de Colombia el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, dijo que la agricultura en el país creció un 7,1 % durante el primer semestre de 2025.

En este momento existe un enorme manto de duda sobre esa cifra, debido a que, mientras los arroceros persisten en un paro que cumple once días, en el cual exigen un precio mínimo y los paperos advierten con empezar movilizaciones si no les cumplen sus demandas.

Esa doble tensión pone en evidencia que las estadísticas no alcanzan para resolver los problemas estructurales de los campesinos debido a que, por un lado, el Ejecutivo anuncia avances en las negociaciones con los arroceros con la instalación de una mesa técnica este 24 de julio.

Allí se busca redactar el acta que consagre los acuerdos, incluida la creación de un precio mínimo para el arroz paddy verde y se anuncia que tras la socialización y redacción, el texto será radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio para su evaluación y eventual entrada en vigor.

Ese procedimiento, que debería traducirse en el levantamiento inmediato de los bloqueos, se prolonga mientras persisten cierres de vías en Tolima, Huila, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar, Valledupar, Santander y Norte de Santander.

Del otro lado, el gremio de los paperos sostiene que la caída de precios en finca, ahora situado en 350 pesos por kilo, los deja con pérdidas de entre 11 y 15 millones de pesos por hectárea.

Advierten que el ingreso irregular de papa desde Ecuador y el aumento del 16 % en importaciones de papa congelada han desestabilizado su renta, razón por la cual están afectados 91 000 agricultores, lo que significa un golpe inasimilable para 350 000 familias.

En 2024, la siembra cayó a 111.423 hectáreas y la producción retrocedió un 3,5 %, fenómeno concentrado en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia.

La existencia de intermediarios que capturan el margen entre el precio en finca y el precio al consumidor urbano, cercano a 2.500 pesos por kilo, exacerba la desigualdad entre el campo y la ciudad.

Como van las cosas, los arroceros reclaman la firma y publicación inmediata de la resolución que fije el precio mínimo, sin dilaciones administrativas y los paperos piden que se active la trazabilidad de la papa importada, en coordinación con Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, ICA, Dian y Ministerio de Agricultura, para frenar el ingreso irregular y prevenir la enfermedad denominada punta morada.

Pero el centro de sus exigencias es, además, el reconocimiento oficial del impacto de los intermediarios y la implementación de políticas de comercialización directa que garanticen ingresos justos y continuos.

El Gobierno enfrenta una encrucijada grave o traduce la estadística, de la cual se ufanó, en políticas efectivas y firmes o arriesga una escalada de protestas que fracturará el sector y rebosará la paciencia rural.