Resumen
El Ministerio del Transporte de Colombia rechazó comprometerse a reactivar la Empresa de Transporte Masivo METROLINEA, afirmando que son las alcaldías locales las responsables de la quiebra de la misma. Este fracaso se atribuye a la corrupción, burocracia y mala administración.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
“A esa empresa la devoró la corrupción y la burocracia’
El Ministerio del Transporte rechazó el supuesto compromiso de la nación para reactivar económicamente a la Empresa de Transporte Masivo METROLINEA, con un aporte de treinta mil millones de pesos, advirtiendo que las finanzas del gobierno nacional están raquíticas y ellos, como gobierno nacional, solamente tienen el compromiso de garantizar el transporte como un servicio público esencial. En consecuencia, serán las alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón las encargadas de responder por la quiebra de la compañía, que fue constituida hace catorce (14) años, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La Ministra del Transporte, María Constanza García, hizo la salvedad, al advertir que Metrolínea es una entidad de servicio público que apoyaba el funcionamiento del nuevo sistema, pero fueron los particulares los responsables de la situación económica a la que han llegado por la pésima administración del servicio. Se reconoce que el servicio de transporte masivo fue mal administrado, porque los corredores viales no se construyeron a tiempo y porque arrancaron inicialmente en sectores donde no había demanda del servicio.
Las pérdidas acumuladas durante estos años de rotundo fracaso en la operación de Metrolínea, superan la cifra de los quinientos mil millones de pesos, en la cual intervienen los transportadores de la región, que obtuvieron créditos bancarios a mediano y largo plazo para garantizar operaciones en las cuatro ciudades del Área Metropolitano de Bucaramanga. ‘Quienes se quebraron por fueron las administraciones municipales, que aumentaron la burocracia oficial, con sueldos elevados y numerosos cargos innecesarios, que han sido el refugio de miembros de la clase política del departamento”, admitieron empresarios del transporte.
