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Gobierno Nacional rechaza extracción de oro en Páramo Santurbán a pesar de nuevo inversionista

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Resumen

El Gobierno de Colombia rechazó el proyecto de extracción de oro en el Páramo Santurbán, incluso con un nuevo inversor, Aris Mining, comprometido con un bajo impacto ambiental. Señalaron que no concederán licencias para megaminería en la zona por su importancia ecológica.

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A pesar de la llegada de un nuevo inversionista internacional al proyecto Soto Norte, representantes del Gobierno Nacional en Santander han reiterado que no se permitirá la extracción de oro en el Páramo Santurbán, incluso si la actividad promete generar un bajo impacto ambiental.

Erwin Rodríguez-Salah, representante del Gobierno del presidente Gustavo Petro ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), explicó que, a pesar de los esfuerzos del nuevo inversionista canadiense, Aris Mining, el Gobierno no otorgará licencias ambientales para proyectos de megaminería en el páramo y sus ecosistemas circundantes, como el bosque andino.

"Es muy importante tener en cuenta la posición del actual gobierno, del Gobierno Petro, de que no va a otorgar la licencia ambiental a estos proyectos de megaminería que se encuentren ubicados en el páramo y en sus ecosistemas circunvecinos complementarios como es el bosque andino", afirmó Rodríguez-Salah.

El proyecto Soto Norte ha sido objeto de controversia debido a su ubicación en el Páramo Santurbán, una importante fuente de agua para más de 2 millones de personas en la región. Aunque el nuevo inversionista canadiense ha expresado su compromiso con reducir el impacto ambiental, el Gobierno Nacional mantiene su postura firme en contra de la minería en esta área sensible.

Rodríguez-Salah advirtió sobre la posibilidad de una demanda contra el Estado colombiano por parte de la empresa canadiense, basada en el tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá. Recordó el caso de la multinacional canadiense Ecooro (anteriormente Greystar), que demandó al Estado colombiano por 698 millones de dólares cuando no se le permitió llevar a cabo actividades extractivas en Santurbán.

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