Resumen
La Secretaría de Transparencia de Colombia, dirigida por Andrés Idárraga Franco, ha solicitado al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicaciones sobre la adjudicación directa de contratos por 68.000 millones de pesos, una posible evasión del proceso de licitación pública.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Secretaría de Transparencia, bajo la dirección de Andrés Idárraga Franco, ha solicitado explicaciones al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre la adjudicación directa de contratos por un total de 68.000 millones de pesos. Este requerimiento llega un día después de que la misma dependencia pidiera a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Industria y Comercio una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de acciones de Tigo-Une por parte de EPM.
Idárraga Franco expresó a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) su preocupación por la falta de justificación adecuada en la adjudicación de estos contratos. Según el secretario, la administración de Gutiérrez podría haber evadido el proceso de licitación pública establecido por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, utilizando en su lugar la modalidad de selección directa sin proporcionar el soporte legal y procedimental requerido.
“Solicité al alcalde Federico Gutiérrez la justificación de la contratación directa por un monto de $68.893.368.552, ya que no hemos encontrado soporte suficiente para esta figura y observamos una falta de argumentos fácticos y jurídicos para su selección y adjudicación”, escribió Idárraga Franco.
El secretario destacó que al menos doce contratos adjudicados bajo esta modalidad están registrados en la plataforma Secop II. Estos contratos, que varían en monto desde diez hasta veinte mil millones de pesos, abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo la prevención de violencia y maltrato infantil, la conservación de cuencas, la atención a adolescentes con medidas privativas de libertad, y proyectos relacionados con la Secretaría de Espacio Público. También se incluyen actividades de inclusión para personas con discapacidad y atención integral a la primera infancia.
La investigación se centra en determinar si se ha hecho un uso indebido de la figura de contratación directa y si se han seguido los procedimientos legales y justificativos adecuados.
