Gobierno reconoce que no tiene tanto carro para los candidatos amenazados que tiene el país
Resumen
El Gobierno admite escasez de vehículos blindados para atender la demanda de seguridad de precandidatos 2026. A pesar de recursos disponibles, la falta de oferentes en el mercado nacional complica la protección de actores políticos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Gobierno Nacional reconoció que el país no cuenta con la cantidad suficiente de vehículos blindados para atender la creciente demanda de seguridad de los precandidatos que participarán en la contienda electoral de 2026.
El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, tras una reunión urgente del Comité de Revisión y Evaluación de Medidas de Protección Presidencial (CORMPE).
De acuerdo con la UNP, aunque existen recursos para la compra de estos automotores, los procesos de licitación han enfrentado serias dificultades: en el mercado nacional no hay suficientes oferentes capaces de proveer vehículos con los estándares de blindaje requeridos.
Rodríguez precisó que de los cuatro bloques de licitación abiertos, solo en uno hubo un proponente interesado. “Lo que más se solicita son carros blindados, pero no encontramos oferentes con la capacidad técnica y logística. Esta situación no solo afecta a los precandidatos presidenciales, también compromete la seguridad de quienes aspiran al Congreso”, advirtió el funcionario.
Medidas provisionales
Pese a la falta de vehículos, el Gobierno aseguró que se han desplegado medidas de contingencia. Según el ministro Benedetti, actualmente se prestan 1.047 servicios de protección, con el apoyo de 15.000 efectivos de la Armada, el Ejército y la Policía, lo que ha permitido cubrir la seguridad de 59 aspirantes a la Presidencia.
La UNP ha dispuesto 82 vehículos blindados y 33 convencionales para atender las solicitudes recibidas hasta la fecha. En total, se han tramitado 64 requerimientos de protección presidencial, incluidas las que aún están en estudio.
Ante la avalancha de solicitudes, el Ejecutivo trabaja en un plan de acción para reforzar las medidas de protección y garantizar que todos los actores políticos puedan ejercer sus derechos en un entorno seguro.
“El compromiso del Gobierno es con la defensa de la vida, el fortalecimiento institucional y la protección efectiva de quienes participan activamente en la construcción democrática del país”, señaló Benedetti.
