Gobierno Uribe cada vez más cerca de responder por interceptaciones ilegales

La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el juicio contra Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta responsabilidad en las llamadas “chuzadas”, interceptaciones ilegales realizadas entre 2005 y 2007 a figuras públicas como periodistas, magistrados y políticos, entre ellos el actual presidente Gustavo Petro.

Durante la audiencia del 31 de julio, la Fiscalía explicó cómo Peñate habría ordenado entregar informes de inteligencia al entonces secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, hoy condenado por este mismo escándalo. Según el ente acusador, la información clasificada se enviaba en valijas cerradas, identificadas con la sigla “BM”, y solo podía ser abierta por Moreno. Las entregas se realizaban tras reuniones denominadas “Revista de Documentos”, donde se definía la periodicidad según el tipo de información recolectada.

La magistrada Blanca Nélida Barreto, a cargo del caso, reconoció como víctimas a Gustavo Petro, el periodista Daniel Coronell y seis magistrados más, ampliando el alcance institucional y político del proceso judicial.

Peñate, por su parte, afirmó que este juicio es una oportunidad para limpiar su nombre y demostrar que su gestión en el DAS no estuvo marcada por irregularidades. “Es la única vía que tengo para cerrar un tema que lleva casi 20 años y que ha puesto en duda mi reputación”, expresó el exfuncionario, asegurando que nunca ordenó interceptaciones ilegales.

El exdirector también recordó que ha respondido a lo largo de 17 años a todos los requerimientos de nueve fiscales generales y que ninguno encontró méritos suficientes para acusarlo formalmente hasta ahora. La Fiscalía, sin embargo, insiste en que hay pruebas documentales y testimoniales que demostrarán su responsabilidad en el uso político de la inteligencia estatal durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El juicio avanza con alta expectativa mediática y política.