Golpe a la yugular de los autodenominados ambientalistas en Santander: juez tumbó prohibiciones mineras en Soto Norte

La decisión del Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga que dejó sin efectos la Resolución 0992 de 2026, mediante la cual el Gobierno de Gustavo Petro avanzó en una delimitación parcial del Páramo de Santurbán, fue recibida en los municipios de Soto Norte como una señal de esperanza para comunidades que durante años han denunciado que las restricciones impuestas sobre el territorio amenazaban su economía, sus fuentes de empleo y, en últimas, su permanencia en la región.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Para habitantes de Vetas, California y otros municipios del área de influencia del páramo, el fallo representa mucho más que una discusión sobre mapas, coordenadas o procedimientos administrativos. Lo consideran una oportunidad para que el Estado vuelva a sentarse con las comunidades y construya una delimitación que proteja el ecosistema sin convertir la defensa ambiental en una sentencia económica para quienes han vivido durante generaciones en estos territorios.

La decisión judicial amparó los derechos fundamentales de las comunidades a la participación ambiental efectiva, al acceso a la información pública ambiental y al debido proceso administrativo. En consecuencia, ordenó dejar sin efectos la Resolución 0992, expedida el 6 de agosto de 2026, con la que se habían delimitado 29.199,44 hectáreas en 19 municipios de Santander y Norte de Santander.

El fallo golpea además uno de los principales cuestionamientos formulados contra la actuación del anterior Ministerio de Ambiente: la rapidez con la que se expidió la resolución. La decisión fue adoptada apenas 19 días después de una jornada de concertación realizada en Bucaramanga, pese a que, de acuerdo con información aportada durante el proceso judicial, el propio Ministerio reconocía que la fase de concertación todavía no había concluido.

El despacho judicial también encontró deficiencias relacionadas con la información suministrada a las comunidades. No habrían sido publicados oportunamente los mapas, coordenadas, anexos técnicos, estudios ambientales, actas o grabaciones de las jornadas de concertación ni la matriz que permitiera establecer cómo fueron evaluadas las observaciones presentadas por los ciudadanos.

A esto se sumó un episodio particularmente polémico: durante el trámite administrativo fueron presentadas recusaciones contra la entonces ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, y funcionarios vinculados al proceso. Según lo expuesto ante el juez, dichas recusaciones no fueron remitidas oportunamente para su decisión y algunas fueron enviadas a la Presidencia solamente después de expedida la resolución.

El propio Ministerio reconoció durante el proceso judicial que, conforme a las normas que regulan las recusaciones, la actuación administrativa podía encontrarse suspendida mientras estas eran resueltas y que la expedición de la Resolución 0992 durante ese periodo podía tener consecuencias jurídicas.

Soto Norte pide una nueva oportunidad

En Vetas, la noticia fue recibida con alivio. La alcaldesa Angélica María García sostuvo que las comunidades habían participado durante años en reuniones técnicas con diferentes entidades del Estado y reclamó que los acuerdos construidos previamente sean tenidos en cuenta en el nuevo proceso.

La expectativa de los habitantes de Soto Norte es que la decisión judicial permita abrir una nueva etapa de diálogo en la que la protección del páramo y la defensa de los recursos naturales puedan coexistir con el derecho de las comunidades a desarrollar actividades económicas legales y sostenibles.

Para estos pobladores, la discusión no puede reducirse a la protección de una línea trazada sobre un mapa. Detrás de cada hectárea delimitada existen familias, trabajadores, comerciantes, productores y comunidades enteras cuya economía depende de las posibilidades de permanecer y trabajar en sus municipios.

Durante los últimos años, habitantes de Vetas, California y otros municipios de Soto Norte han advertido que una delimitación realizada sin alternativas económicas claras podría terminar provocando el deterioro de las condiciones de vida, el abandono de las actividades productivas tradicionales y el desplazamiento de familias que no encontrarían otra opción que abandonar sus territorios.

De allí que el fallo sea interpretado por sectores de la región como una posibilidad de recuperar la discusión sobre la llamada dignificación económica y social de Soto Norte. No se trata, según sus dirigentes, de escoger entre agua y desarrollo, sino de encontrar una fórmula que permita proteger Santurbán sin sacrificar a las comunidades que históricamente han habitado su entorno.

La pelota vuelve al Ministerio de Ambiente

Con la decisión del Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, el Ministerio de Ambiente deberá retomar el proceso bajo las condiciones señaladas por la justicia y garantizar una participación efectiva de las comunidades, en el marco de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.

Para Soto Norte, este nuevo escenario abre una esperanza largamente aplazada: que la delimitación de Santurbán deje de ser vista como una imposición desde Bogotá y vuelva a convertirse en una conversación con quienes viven en las montañas, conocen el territorio y tendrán que asumir las consecuencias de cualquier decisión.

La expectativa es que el nuevo proceso permita construir acuerdos técnicamente sólidos, jurídicamente respetuosos y socialmente viables.

Después de años de incertidumbre, los habitantes de Vetas, California y los demás municipios involucrados sienten que, al menos por ahora, la justicia les devolvió algo que consideraban perdido: la posibilidad de defender su territorio, su economía y su derecho a permanecer en él.

Santurbán seguirá siendo objeto de debate. Pero para Soto Norte, el fallo marca una pausa a lo que sus comunidades consideran un camino que podía conducirlas al empobrecimiento y al desplazamiento, y abre la puerta para que la protección ambiental pueda caminar de la mano con la dignidad de quienes viven y trabajan en la región.