Gran poder corruptor que hace perder la fe y socava la justicia

El reciente episodio en el cual cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, capturados por presuntos actos de corrupción en la penitenciaría Palogordo, situada en Girón, Santander, fueron dejados en libertad tras audiencias preliminares, expone con crudeza la fragilidad de la justicia colombiana frente a estructuras de poder enquistadas en sus instituciones.

A pesar de dos años de juiciosa y denodada investigación por parte de la Fiscalía, los implicados no fueron cobijados con medida de aseguramiento, como esperábamos todos.

Entre los capturados están el sargento Yeison González Duarte, los dragoneantes Yamith Delgado Aguillón y Jhonatan Gordillo y el médico Hernán Castillo, vinculado a la empresa Norsalud, tras investigación que la Fiscalía General de la Nación adelantó desde 2023 sobre presuntas irregularidades dentro del sistema carcelario.

El mensaje que queda es inequívoco, el poder corruptor de ciertos sectores es capaz de doblegar a la ley, hacer minimizar pruebas a Fiscales y atemorizar a los jueces.

Este no es un caso aislado. Es la muestra fehaciente de cómo redes mafiosas, afianzadas en sindicatos, organismos estatales, empresas privadas y estamentos legislativos, operan con total impunidad.

Se trata de estructuras articuladas, protegidas por el silencio cómplice de funcionarios que, aunque no participen directamente en delitos, optan por ignorarlos. Que es más grave. Callar ante la corrupción también es una forma de contribuir a su perpetuación.

Mientras tanto, miles de ciudadanos del común enfrentan procesos judiciales por delitos menores, sin garantías, sin defensores diligentes y con una severidad judicial que contrasta violentamente con la indulgencia mostrada hacia quienes pertenecen a estos poderes fácticos.

Personas sin influencias, sin padrinazgos, sin sindicatos blindados, terminan privadas de libertad por años, mientras la élite corrupta se pasea por los corredores del poder, se burlan de la justicia y hasta se vanaglorian del poder que tienen detrás del poder.

El sistema carcelario, controlado en gran parte por estas redes internas, ha sido durante años terreno fértil para la ilegalidad, ingreso de celulares, drogas, armas, licor, mujeres y otros privilegios como el de la entrada de grupos musicales con voluminosos instrumentos que ‘nadie nota’.

Este panorama evidencia una necesidad urgente, e inaplazable, de una reforma profunda y estructural de la justicia en Colombia. No se trata únicamente de ajustes normativos o de fortalecimiento institucional.

Se requiere una transformación que recupere el sentido de equidad, que impida el secuestro de la justicia por mafias incrustadas en sindicatos, juntas directivas y entidades gubernamentales.

La democracia se debilita cuando los corruptos gozan de privilegios judiciales. Colombia no puede ser un país donde la Ley es una herramienta para castigar al débil y proteger al poderoso.

El caso de Girón debe ser un punto de quiebre, no una estadística más. El Estado debe garantizar que la justicia no sea permeada por los intereses corruptos y por la impunidad. De lo contrario, se erosionará la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en el sistema.