Granjas de óvulos

Por: Maura Samara Suárez

Pocos conocen el país de Georgia, un territorio situado en la costa del mar Negro, en la frontera entre Europa y Asia. A principios de 2024, una investigación reveló la existencia de granjas de óvulos, donde más de cien mujeres, en su mayoría tailandesas, fueron explotadas para la extracción forzada de sus óvulos.

El gobierno tailandés confirmó que estas mujeres fueron captadas a través de anuncios en redes sociales que ofrecían la posibilidad de subrogar su vientre para familias adineradas en Georgia. Se les prometieron excelentes condiciones y una compensación de aproximadamente cien millones de pesos colombianos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Trece mujeres tailandesas viajaron a Georgia en agosto de 2024 con todos sus gastos cubiertos. Una vez allí, fueron trasladadas a cuatro propiedades donde se encontraron con más mujeres en la misma situación. Pronto descubrieron que la oferta de gestación subrogada era una farsa. En su lugar, fueron sometidas a inyecciones hormonales para estimular la producción de óvulos y obligadas a someterse a extracciones mensuales sin recibir compensación alguna. Para poder salir, debían pagar dos mil euros a sus captores. Una de ellas logró escapar y alertar a las autoridades. Aunque los óvulos nunca fueron rastreados, se sospecha que fueron vendidos en el mercado negro para su uso en fertilización in vitro.

Este no es un caso aislado. Investigaciones revelan que, en países como Estados Unidos y España, las clínicas de fertilidad también recurren a mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles sumas moderadas de dinero sin advertirles sobre los riesgos de la donación frecuente de óvulos. Estas mujeres son sometidas a tratamientos hormonales constantes, extrayéndoles de uno a veinte óvulos de manera regular y poniendo en riesgo su salud.

En Colombia, la donación de óvulos carece de una regulación específica, ofrecen entre $1.500.000 y $10.000.000 por ovulo. La Ley 919 de 2004, que regula la donación de tejidos y fluidos humanos, no menciona explícitamente los óvulos. A pesar de esto, muchas clínicas aseguran que la donación está “regulada” bajo esta norma. La ley establece que los bancos de tejido pueden cobrar por los costos del procedimiento, lo que ha sido utilizado como justificación para un negocio lucrativo sin ningún control real sobre los riesgos para las donantes.

Las páginas de clínicas de donación en Colombia omiten información crucial. No mencionan que la frecuencia recomendada de donación es de un máximo de seis veces en la vida, con intervalos de tres a seis meses entre cada procedimiento. Donar con mayor frecuencia es peligroso para la salud. Además, aseguran que la donación de óvulos no tiene efectos negativos sobre la fertilidad, justificándolo con el dato de que una mujer nace con aproximadamente cuatrocientos mil ovocitos. Sin embargo, omiten mencionar los riesgos médicos reales, como la disminución de óvulos, alteraciones en los ciclos menstruales, dificultades en la fertilidad, síndrome de hiperestimulación ovárica, aumento del riesgo de cáncer y efectos metabólicos.

El Estado colombiano no puede seguir ignorando esta problemática. Mientras los legisladores miran hacia otro lado, miles de mujeres son sometidas a un negocio que mercantiliza sus cuerpos sin conocer las consecuencias. Se necesita una regulación clara y estricta sobre la donación de óvulos que limite la cantidad de donaciones permitidas por mujer, garantice tiempos de recuperación adecuados, asegure un seguimiento médico obligatorio a largo plazo, cree de un registro de donaciones y prohíba la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad económica sin garantías de protección. Así mismo, es fundamental sancionar a clínicas que difundan información engañosa sobre los efectos secundarios de la donación. La regulación de la donación de óvulos no es solo un tema de salud pública, sino de derechos humanos.