Gravísimo: Senador Gustavo Moreno denuncia presuntos vínculos entre crimen y la Policía en Barrancabermeja

La situación de orden público en el Magdalena Medio vuelve a estar en el centro del debate nacional tras las denuncias del senador barranqueño Gustavo Adolfo Moreno, quien advirtió sobre presuntas relaciones entre estructuras criminales y miembros del Comando de Policía del Magdalena Medio.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En el Magdalena Medio santandereano ha pasado de todo. Masacres, secuestros, microtráfico, minería ilegal, extorsiones, homicidios selectivos, violaciones de derechos humanos, todo en medio de una infame y sangrienta disputa entre varios actores armados por el control de las economías ilícitas.

Lo que no habíamos visto en la región hasta ahora era una fuerza pública arrodilladla, sumisa y vendida a los grupos de crimen organizado. Incluso, en una porción importante de la ciudadanía la imagen de la Policía Nacional es muy positiva debido a recurrentes muestras de una actitud combativa frente al crimen y la ilegalidad.

Eso hasta que esta semana trascendió una explosiva declaración emitida por el senador Gustavo Adolfo Moreno, la cual ha pasado totalmente desapercibida para el país, y en la que hizo aseveraciones gravísimas contra la fuerza pública pues aseguró que la desconfianza hacia algunos uniformados es tal que ya no solo se vive en las calles o los barrios del Puerto Petrolero sino también en sus instituciones al punto de que, incluso, fiscales y autoridades judiciales prefieren adelantar operativos en coordinación con el Ejército y no con la Policía. ¡Qué tal esto!

“Los fiscales prefieren hacer los operativos con el batallón porque ya no confían en la Policía de Barrancabermeja. Esto es muy grave, los ciudadanos están atemorizados y muchos comerciantes han optado por mantener sus negocios cerrados, a pesar de las inversiones y obligaciones que tienen con proveedores y empleados”, manifestó el senador.

No hay que olvidar que Barrancabermeja, el principal puerto petrolero del país, arrastra desde hace décadas graves problemas de seguridad y violencia. Según las cifras oficiales, la ciudad se mantiene entre las de mayores índices de homicidios, extorsiones y secuestros en la región.

En sus recientes declaraciones, Moreno recordó que hace pocos días un comerciante fue asesinado presuntamente como consecuencia de la presión ejercida por grupos delincuenciales que dominan el cobro de extorsiones en la ciudad. “La gran mayoría de comerciantes apenas alcanza a obtener su sustento diario, y aun así son víctimas de la presión de estas redes criminales”, explicó.

El medio de su disertación el senador relató un episodio que genera preocupación sobre posibles fugas de información desde la Policía. Contó que, en una reunión con la Fiscal General de la Nación, se discutió la necesidad de reforzar la presencia de fiscales y jueces en Barrancabermeja para darle mayor celeridad a los procesos judiciales.

La Fiscalía anunció en esa ocasión un operativo de allanamientos y capturas contra peligrosos delincuentes de la ciudad. Sin embargo, según Moreno, lo que ocurrió generó suspicacias: “Cuando el personal de la Policía es convocado para acompañar estos operativos, los objetivos de las capturas comienzan a moverse y logran evadir a las autoridades. Eso deja serias dudas sobre la relación que podrían tener algunos miembros de la fuerza pública con el crimen organizado en el puerto petrolero”, denunció.

El congresista señaló que en la Policía Nacional en Barrancabermeja existiría un modus operandi de filtración de información que facilita la operación de bandas delincuenciales en la región.

Lo que estamos viendo es que hay un modus operandi en el que actúan como protagonistas manzanas podridas que forman parte de la Policía Nacional y que de alguna manera se integran a las redes del crimen organizado”, puntualizó.

Finalmente, Moreno hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los altos mandos de la fuerza pública para que investiguen a fondo estas denuncias y se depuren los cuerpos de seguridad en la región.

“Hace falta fortalecer la presencia judicial y garantizar que la Policía cumpla su labor de proteger a la ciudadanía, no de generar dudas sobre sus actuaciones. Barrancabermeja necesita respuestas contundentes”, concluyó.

Un contexto de violencia inmarcesible

El pronunciamiento del senador se suma a la creciente preocupación de distintos sectores sociales y gremiales de Barrancabermeja, que han advertido sobre la escalada de violencia e intimidación contra comerciantes y empresarios en medio de una difícil coyuntura de seguridad.

En Barrancabermeja, los habitantes reconocen que organizaciones criminales ejercen control sobre barrios y comunas enteras, pese a que las autoridades niegan abiertamente esta realidad. El comercio ha sido uno de los sectores más golpeados: comerciantes denuncian extorsiones sistemáticas, amenazas y asesinatos selectivos que los obligan a cerrar sus locales, aún después de invertir en infraestructura y generar empleo.

Las cifras confirman la gravedad de la situación. En lo corrido de 2025 se contabilizan 93 homicidios, lo que consolida al municipio como uno de los más violentos del país. El año pasado, 2024, cerró con 161 asesinatos, un aumento del 31 % frente a los 122 casos de 2023. La tasa de homicidios llegó a 66 por cada 100.000 habitantes, la más alta en una década.

El microtráfico y las rentas criminales asociadas al narcotráfico han convertido a la ciudad en un escenario estratégico. Distintos grupos ilegales se disputan el control de rutas y economías ilegales, lo que explica la recurrencia de asesinatos, desapariciones y desplazamientos.

Actores armados en disputa

La violencia actual está marcada por la confrontación entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y bandas locales como Los de la M y La Unión, presuntamente lideradas desde prisión por alias “Marihuano”. Paralelamente, la guerrilla del ELN mantiene influencia en corredores estratégicos, especialmente en zonas rurales y ribereñas.

Los efectos se sienten en toda la región. En el vecino municipio de Yondó (Antioquia), hace pocos días 26 familias debieron huir de la vereda Puerto Matilde por combates entre el Clan del Golfo y el ELN. El propio alcalde, Yerson Ariza, advirtió que más de 200 personas de veredas cercanas podrían sufrir desplazamientos similares.

En Santa Rosa del Sur (Bolívar), enfrentamientos con cilindros bomba han mantenido confinadas a comunidades rurales durante días, sin acceso a alimentos ni posibilidad de salir del territorio. Los pobladores temen incluso el reclutamiento forzado de menores.