¿Grupos criminales han permeado la férrea seguridad de Santander?

Durante los últimos días se han presentado sucesos que apuntan a que Santander vive una fractura de seguridad por la incursión de grupos criminales armados desde departamentos vecinos.

Esa invasión de criminales en el Magdalena Medio, las amenazas en Coromoro, el secuestro y posterior homicidio de un ganadero, en febrero de  este año, y la desaparición, en las últimas horas, de cuatro jóvenes dibujan un preocupante mapa de riesgo

Se ha generado la terrible sensación de un territorio donde el crimen presiona, marca presencia y desafía a las autoridades en zonas rurales que hoy reclaman control real, no sólo reacciones tardías.

Lo ocurrido en Rionegro Bajo, Los Chorros, Santa Catalina y otros puntos del oriente y el Magdalena Medio no es un hecho menor ni un episodio pasajero al que se le dé el calificativo de esporádico.

La entrada de hombres armados, la intimidación a la comunidad y el retiro posterior de esos grupos revelan una estrategia calculada enfocada en golpear, sembrar temor y probar la capacidad de respuesta institucional.

Coromoro representa hoy la mayor alarma. Allí confluyen homicidios, secuestro, extorsión y la posible desaparición de menores de edad, o reclutamiento forzado, que sería muy grave porque falta previsión.

El asesinato del ganadero Rubiel Cáceres Marín mostró hasta dónde puede llegar la violencia cuando una estructura ilegal decide imponer su ley del terror, sumado a la desaparición de cuatro jóvenes, dos mujeres y dos hombres, agrava el panorama y exige toda la capacidad investigativa del departamento y de la Nación.

La presencia reiterada del grupo narcocriminal ELN en Coromoro y otros municipios no puede leerse como una acción aislada. Las alertas sobre homicidios, secuestros, extorsiones y amenazas confirman que el problema tiene una peligrosa y enorme raíz y continuidad rampante.

A ello se suma la advertencia emanada de la Defensoría del Pueblo sobre la escalada violenta en Rionegro, donde también se reportaron dos presuntos homicidios, restricciones a la movilidad y señalamientos contra la comunidad. Ese horrendo cuadro compromete el derecho internacional humanitario y obliga a una respuesta mucho más firme del  Estado.

Entonces, ¿los grupos criminales han permeado la férrea seguridad de Santander? Ante esta grave situación el deber institucional no debe limitarse a fútiles consejos de seguridad ni a operativos ocasionales.

Santander necesita presencia permanente de las Fuerzas Armadas en todo el territorio, inteligencia efectiva, coordinación con los departamentos vecinos, protección para líderes sociales y una acción sostenida sobre los corredores por donde se mueven estas estructuras.

También requiere atención integral para las comunidades rurales, que hoy viven bajo presión armada, con temor a denunciar y con dudas sobre la capacidad del Estado para protegerlas.

La seguridad en Santander no puede seguir proyectándose al tanteo, ni defendida por comunicados, ni por ratos de calma. Sólo habrá verdadero control cuando la autoridad recupere el territorio, la justicia alcance a los responsables y la población vuelva a sentirse protegida porque se extirpe el temor de que la violencia encuentre espacio allí donde el Estado no imponga presencia y mano dura suficientes.