Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Luis E. Gilibert
En los últimos tiempos hemos presenciado la aparición de un fenómeno preocupante, la formación de grupos autodenominados "guardias campesinas" y aunque no son constituidas como organizaciones formales han asumido roles exclusivos de la Fuerza Pública, ejerciendo presiones y control en zonas rurales, sin respaldo legal alguno, convirtiéndose en un fenómeno que plantea serias inquietudes sobre la seguridad y el orden en el campo colombiano, especialmente cuando dichas agrupaciones han comenzado a desafiar abiertamente a las autoridades, generando confusión en la población.
Las guardias campesinas, al carecer de legitimidad y sustento legal, representan un reto directo al Estado de derecho, la usurpación de funciones que corresponden exclusivamente a la Fuerza Pública a más de ser ilegal, pone en riesgo la seguridad de las comunidades rurales, que ya enfrentan múltiples conflictos. Lo que comenzó como un ejercicio de control local se ha transformado en un movimiento que, según diversas fuentes, estaría respaldado económica y operativamente por Grupos Armados Organizados y estructuras narcoterroristas, pues existe la percepción que el campesinado esta coaccionado por catervas criminales.
Este respaldo, si se confirma, convierte a las guardias campesinas en una amenaza aún mayor, ya que podrían estar actuando como brazos armados de intereses ilegales que buscan desestabilizar la paz y el orden en la ruralidad colombiana. El involucramiento de actores criminales en estas actividades no solo exacerba la inseguridad, sino que envía un mensaje erróneo y peligroso a las comunidades, porque la ley no puede ser impuesta por quienes tienen el poder de las armas, sino por las instituciones legítimas del Estado.
Es por ello que resulta imperativo que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República tomen medidas urgentes para abordar esta problemática, no podemos permitir que grupos sin legitimidad se tomen la justicia por mano propia y que, en su afán por controlar territorios, contribuyan a la perpetuación de la violencia y la inseguridad en el campo.
La respuesta al desafío debe ser integral y es necesario reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las zonas afectadas, garantizando que el Estado mantenga control y autoridad. Además, es crucial desarrollar estrategias de inteligencia para desarticular cualquier vínculo entre guardias campesinas y organizaciones criminales. Así mismo urgen programas de desarrollo y justicia social que aborden las causas subyacentes para la formación de estos grupos, ofreciendo alternativas legítimas y sostenibles a las comunidades.
En conclusión, las guardias campesinas representan una amenaza real y presente para la paz y el orden en las zonas apartadas de Colombia. Es esencial que se tomen medidas perentorias y desmantelar estos colectivos, reafirmando el control del Estado y restaurando la confianza en las instituciones. Solo así podremos avanzar hacia un futuro de paz y justicia para todos los colombianos, especialmente para las comunidades que habitan en las regiones más vulnerables del país.
