Hacinamiento carcelario convertido en negocio extraordinario por la corrupción
Resumen
El hacinamiento carcelario en Colombia, impulsado por políticas públicas fallidas, ha devenido en un negocio lucrativo. Esta situación perpetúa la corrupción y amenaza la seguridad y salud de los internos, evidenciando la falta de políticas preventivas y de reinserción.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El hacinamiento carcelario en Colombia es una de las mayores fuentes de corrupción que nutre el entramado social y jurídico del país. Este fenómeno, fruto de políticas públicas fallidas y de una gestión inadecuada del sistema penitenciario.
Esto pone de relieve dos causas que sostienen esta crisis, el aumento diario de la delincuencia y el lucrativo negocio del cual se benefician administradores directores, guardianes, presos y demás personas que han logrado entrar a ese exclusivo y peligroso entramado criminal y que se beneficia de la sobrepoblación en las cárceles.
La primera causa se manifiesta en el crecimiento constante de la criminalidad en todas sus formas. La respuesta policial y la intervención judicial se han vuelto cada vez más rígidas ante el temor generalizado, lo cual ha conducido a un incremento en el número de detenidos.
Esta reacción, al enfocarse exclusivamente en la represión, ignora la necesidad de estrategias preventivas y de programas de reinserción social que disminuyan la reincidencia.
La ausencia de medidas integrales ha permitido que los espacios penitenciarios se saturen, con lo cual se generan condiciones insalubres que amenazan la integridad física y mental de los internos.
La segunda causa, de índole económica, se refleja en el presupuesto destinado al sistema carcelario, que, según lo informado, este año supera los cuatro billones de pesos.
Este caudal financiero se ha transformado en un incentivo para quienes se benefician de un negocio basado en la cantidad de reclusos. Mientras más personas ingresen a las cárceles, mayores serán los recursos que se destinen al sector.
La existencia de esta “mafia” carcelaria evidencia la falta de voluntad política para abordar el problema desde una perspectiva que privilegie la rehabilitación y la justicia restaurativa.
El reciente caso en Bucaramanga ilustra la magnitud de la crisis. En la Cárcel Modelo se han registrado 118 internos con tuberculosis, lo que demuestra que el hacinamiento no sólo compromete la seguridad, sino también la salud de quienes cumplen condena.
Además, en las últimas horas se reportó la existencia de un interno venezolano contagiado de tuberculosis en la Estación de Policía de Girón, lo que añade un componente internacional a la problemática, con lo cual se remarca que la carencia de acción contundente puede tener repercusiones que trascienden fronteras.
Las autoridades deben asumir un compromiso real para desmontar este sistema que beneficia intereses particulares a costa del sufrimiento inhumano colectivo.
La implementación de políticas de prevención, la inversión en programas de rehabilitación y el diseño de alternativas penales resultan acciones indispensables para revertir la situación.
La sociedad demanda medidas certeras que rompan con la salvaje conducta del lucro y restituya la dignidad en el ámbito penitenciario, porque sólo a través de una estrategia integral se podrá avanzar hacia una justicia más humana y efectiva, en la que la seguridad y el bienestar social prevalezcan sobre intereses económicos corruptos.
