Hacinamiento inadmisible convierte en infierno las estaciones de Policía
Las estaciones de Policía en Bucaramanga, abarrotadas y en condiciones degradantes, transforman la detención transitoria en una condena. Se requieren reformas urgentes para detener esta violación de derechos y evitar tragedias más graves.
Las estaciones de Policía en Bucaramanga, abarrotadas y en condiciones degradantes, transforman la detención transitoria en una condena. Se requieren reformas urgentes para detener esta violación de derechos y evitar tragedias más graves.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La captura de 446 personas informada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el 30 de septiembre, destapa una falla que elude soluciones y es que las estaciones de Policía, en esta ciudad y en otras del país, funcionan como prisiones improvisadas, hecho que convierte la detención transitoria en condena de facto.
Las celdas diseñadas para escasas horas alojan a decenas de personas por días. El espacio disponible resulta insuficiente, las condiciones sanitarias no alcanzan el mínimo y la convivencia se rige por jerarquías violentas que multiplican el riesgo de muertes y lesiones.
La Corte Constitucional dictó que la estadía superior a treinta y seis horas en un centro transitorio vulnera la Constitución. Ese mandato choca con la realidad operativa por audiencias lentas, procesos judiciales que demoran y falta de infraestructura capaz de asumir los ingresos masivos.
La privación de libertad no anula derechos. Quien queda a disposición del Estado depende de éste para su custodia y para el respeto de su dignidad. La ausencia de espacios idóneos alimenta violencia y reproduce tragedias previsibles.
Las respuestas deben incluir reformas de fondo y urgentes. Es imperativo crear alternativas reales a la prisión preventiva para casos sin peligro evidente para la sociedad, ampliar los recursos humanos y técnicos para acelerar audiencias, habilitar plazas temporales que respeten la salud y la integridad física.
Es imperativo priorizar la modernización de la gestión judicial y la digitalización de expedientes. La adopción de medidas cautelares distintas a la reclusión, como libertad condicional con control judicial, monitoreo electrónico en casos pertinentes y programas de asistencia social, reduce la presión sobre centros transitorios.
Una coordinación armoniosa entre dependencias clave como Fiscalía, Rama Judicial, Policía y Defensoría resulta esencial para evitar la repetición de escenas deplorables en estaciones de Policía, porque, aunque delincuentes, también son humanos.
Ese hacinamiento inadmisible convierte en infierno las estaciones de Policía y en una bomba de tiempo que puede causar desastres inimaginables e incalculables en el entorno, poque una rebelión de detenidos, pone en peligro a la comunidad, porque las estaciones de Policía están en zonas residenciales, o cerca de ellas.
No basta con la captura masiva de delincuentes en flagrancia o por solicitud judicial, hace falta un plan que transforme la detención transitoria en una etapa breve, regulada y respetuosa de derechos.
La policía cumple su deber cuando arresta. El Estado fracasa si convierte esa labor en perpetuador de condiciones degradantes y la seguridad no se construye sobre el dolor normalizado, de personas bajo resguardo.
La crisis carcelaria de Bucaramanga reclama, sin excusas, una transformación que ponga en el centro la ley y la dignidad. La respuesta requiere voluntad estatal, presupuesto, planes concretos y plazos claros. No hay excusa para normalizar el hacinamiento ni para postergar la obligación que tienen los Gobiernos nacional, departamental y municipal, para erigir centros de reclusión transitoria dotados con las mínimas condiciones para que el hacinamiento no sea normalizado.
