Resumen
Un error en la resolución del Ministerio de Ambiente sobre la zona de reserva de Santurbán obliga a realizar una nueva consulta pública. El documento incorrecto menciona solo 75 ha en lugar de las 76 mil previstas, una situación que generó gran indignación en la región.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)Más de 40 asociaciones de pequeños mineros, campesinas, comunales y sociales de Soto Norte denunciaron que el Ministerio de Ambiente cometió un error sustancial en la resolución de zona de reserva en Santurbán, lo que prácticamente dejaría sin efecto la norma en el área que el Ministerio pretendía imponerla y estaría obligado a realizar una nueva consulta.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El error radica en que la resolución publicada por el Ministerio de Ambiente en el Diario Oficial establece, en el artículo 2 de la parte resolutiva, que la reserva temporal solo afecta 75 hectáreas de Soto Norte, en lugar de las 76 mil que el Ministerio pretendía incluir.
"La falta de rigurosidad con la que el Ministerio manejó esta resolución es indignante. El afán y la improvisación fueron tales que incurrieron en un error gravísimo. Si el Ministerio pretende corregir este gigantesco fallo y modificar la cifra de 75 hectáreas a 76 mil hectáreas, deberá emitir una nueva resolución. Además, dado que este cambio es sustancial, pues amplía significativamente el área de reserva y afecta a más personas, prácticamente tendrían que reiniciar el proceso desde cero. Por eso el Ministerio guarda silencio, no han publicado la resolución ni emitido un comunicado en su página web. Son conscientes del enorme problema en el que se metieron por actuar con tanta improvisación y a espaldas de la comunidad de Soto Norte", afirmó Ivonne González, veedora y vocera de Asomineros Vetas.
En otras palabras, lo que el Ministerio pretendía inhabilitar no tiene validez, porque oficialmente solo afecta 75 hectáreas, y no las 76 mil que ellos querían restringir.
Para corregir este error, según los expertos y las normas vigentes, el Ministerio de Ambiente estaría obligado a hacer una nueva consulta pública sobre la extensión de 75 mil hectáreas, expedir otra resolución firmada por la nueva Ministra de Ambiente y publicarla otra vez en el Diario Oficial, además de otros trámites administrativos y legales.
Hoy, la resolución ya fue publicada en el Diario Oficial y quedo en firme, lo que significa que Susana Muhamad la firmó sin revisar lo más importante: los artículos finales del "resuelve".
"Eso pasa cuando uno quiere hacer las cosas a última hora, corriendo, para cumplir pactos políticos con activistas. La Ministra sacó esa resolución con esos errores y otros insubsanables, que miles de habitantes de Soto Norte vamos a demandar y tutelar", advirtió González.
La líder social también señaló que "la exministra Muhamad, pese a estar recusada y ser plenamente consciente de ello, ignoró las advertencias de ilegalidad emitidas por la Procuraduría. Pasó por alto el pronunciamiento del Gobernador sobre la quiebra de los municipios, el rechazo de los seis alcaldes de los pueblos afectados y la voz de más de 2.000 personas que marchamos en Bucaramanga. Además, desconoció el Acuerdo de Escazú y tres sentencias de la Corte Constitucional. Ahí está el resultado".
Es un atropello
Cabe recordar que, tal y como lo informó EL FRENTE de manera oportuna, hace dos días más de dos mil campesinos, agricultores, líderes sociales, miembros de juntas de acción comunal, pequeños mineros y habitantes de la Provincia Soto Norte, marcharon en Bucaramanga contra la resolución que pretende imponer el Ministerio de Ambiente para crear una zona de reserva por fuera del Páramo de Santurbán, en un área de 75 mil hectáreas, afectando a 35 mil personas que bien en California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta, Tona y el 30% de la zona rural de Bucaramanga.
Según los manifestantes, y tal y como lo ha denunciado la procuraduría, la resolución impulsada por el Ministerio de Ambiente tiene graves falencias técnicas y legales, no ha sido concertada con las comunidades afectadas lo que violaría 3 sentencias de la Corte Constitucional, desconoce el Acuerdo de Escazú, podría incrementar la minería ilegal, generaría la quiebra de 6 municipios, y condenaría a miles de personas a vivir en la ilegalidad o desplazarse de los lugares donde sus familias han vivido por más de 400 años.
Por tal motivo, en la movilización los manifestantes hicieron un llamado urgente al gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz Mateus, para que interceda ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente, y exija que antes de que se declare esta restricción ambiental, se garantice un proceso de concertación con las comunidades afectadas, exigencia que también fue hecha hace un mes por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
“Las comunidades de la Provincia de Soto Norte pedimos a nuestro Gobernador de Santander que siga firme en su apuesta por la protección del medio ambiente en armonía con la vocación de las comunidades: la legítima defensa del agua no puede ir en detrimento del bienestar de las personas que por siglos hemos habitado en esta región”, indicó el líder Fabio Maldonado, director del Consejo de Desarrollo Territorial de Soto Norte.
La movilización pacífica, resultado de la indignación y el cansancio de las comunidades de Suratá, Vetas, California, Charta, Tona y Vetas, inició en el Parque Simón Bolívar, frente a la sede administrativa de la CDMB, y avanzó hasta la calle 36, con dirección hacia al parque García Rovira, en pleno centro de la capital santandereana. Allí, en el punto de congregación final, se llevarán a cabo actos culturales y manifestaciones políticas.
“La mejor herramienta legal para la protección del Páramo de Santurbán es la Delimitación tal y como la Corte Constitucional lo ordenó en 2017. Ya se completan casi 8 años sin que el Ministerio de Ambiente haya cumplido con este mandato y hoy, en lugar de mostrar voluntad para terminar con esta tarea, prioriza la creación de nuevas determinantes ambientales por fuera del Páramo y sin la participación de las comunidades. Le pedimos al señor Gobernador que permanezca firme con nosotros”, indicó Ivonne González, veedora y vocera de la fundación Dignidad minera y de Asomineros Vetas.