Hermano del expresidente Uribe tendrá que responder ante la Corte Suprema de Justicia por nexos con el paramilitarismo
Resumen
La Corte Suprema revisará la impugnación contra la condena de Santiago Uribe por su presunta relación con Los 12 Apóstoles.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El proceso judicial contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, avanzó a una nueva fase luego de que el Tribunal Superior de Antioquia remitiera a la Corte Suprema de Justicia la impugnación especial presentada por su defensa.
Este recurso busca revisar la condena en segunda instancia emitida el 25 de noviembre de 2025, en la que Uribe Vélez fue sentenciado a 28 años y 3 meses de prisión, además de una multa de 6.500 salarios mínimos y una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos. La decisión lo halló responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en el contexto del caso del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.
En medio de este nuevo capítulo, la Procuraduría General de la Nación presentó su concepto ante la Corte Suprema con una postura parcial. El Ministerio Público solicitó mantener la condena por concierto para delinquir, pero pidió absolver al procesado del delito de homicidio agravado.
Según el organismo, existen dudas sobre la responsabilidad directa de Santiago Uribe en el asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán, ocurrido en 1994. La Procuraduría sostuvo que los autores materiales del crimen habrían sido miembros de la fuerza pública y que el móvil habría respondido a una venganza personal, sin evidencia suficiente que vincule directamente al acusado con ese hecho específico.
La condena en segunda instancia fue emitida por el Tribunal Superior de Antioquia, que revocó la absolución dictada en 2024 por un juzgado especializado. En su fallo, el tribunal concluyó que Santiago Uribe habría tenido un rol determinante en la creación y financiación del grupo ilegal Los 12 Apóstoles.
De acuerdo con la sentencia, esta estructura operó en el norte de Antioquia durante la década de 1990, ejecutando asesinatos selectivos bajo una lógica de “limpieza social”. El grupo habría actuado principalmente en municipios como Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos, con un alto número de víctimas atribuidas.
El tribunal sustentó su decisión en más de 80 testimonios, incluyendo declaraciones de exintegrantes del grupo y de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo Bejarano, quienes señalaron a Uribe como colaborador y financiador de estructuras armadas ilegales.
Por su parte, la defensa del procesado ha insistido en que la condena se basa en testimonios inconsistentes y poco confiables. Los abogados argumentan que varios testigos presentan contradicciones, motivaciones personales o falta de credibilidad, lo que —según su postura— debilita la validez del fallo condenatorio.
La impugnación especial busca precisamente que la Corte Suprema revise estos elementos y determine si se respetaron las garantías procesales durante el juicio.
La investigación contra Santiago Uribe se remonta a 1995, fue archivada en 1999 y reabierta en 2010 tras nuevas declaraciones clave. El juicio formal inició en 2020 y ha atravesado múltiples etapas judiciales hasta llegar a este punto.
Ahora, la decisión final queda en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver la impugnación y definir si confirma, modifica o revoca la condena. Este fallo será determinante en uno de los casos más relevantes y controvertidos relacionados con el conflicto armado y la justicia en Colombia.
