IGAC debió corregir antes y sin humillar al contribuyente.

La crisis del predial en Santander dejó al descubierto una verdad incómoda  que se pudo evitar y es que cuando el Estado comete errores y corrige tarde y sin tacto, la factura no la pagan sólo los propietarios, sino la movilidad, el comercio y la ciudadanía.

El acuerdo para levantar los bloqueos, generados por el llamado paro catastral, logrado en Bogotá abre una salida, pero también expone el tamaño del error: una actualización catastral aplicada como fórmula rígida, sin suficiente pedagogía ni revisión territorial fina, terminó por convertir un ajuste técnico en una protesta regional de alto costo.

El punto de fondo no es negar la necesidad de actualizar avalúos. Durante años, el rezago benefició a sectores y grandes terratenientes poseedores de predios subvalorados y privó a los municipios de recursos indispensables por recaudo de impuesto predial.

El problema surge cuando la corrección cae sobre comunidades rurales y urbanas con avalúos inflados de forma abrupta, sin visita predio a predio, sin metodología pública clara y sin una transición realista.

En esas condiciones, el tributo deja de parecer justo y empieza a verse como castigo. El Instituto Geográfico Agustín Cosazzi, IGAC, admite revisiones caso por caso. Esa decisión, aunque tardía, resulta sensata. Nadie puede defender que un predio salte de 200 millones a 2.200 millones sin explicación comprensible para su dueño.

Tampoco resulta razonable que un valor catastral altere de golpe impuestos, trámites notariales, declaraciones y decisiones de venta.

También pesa la responsabilidad política. Los municipios no pueden lavarse las manos. Concejos y Alcaldías fijan tarifas, aprueban alivios y responden por el impacto social de sus decisiones.

Si el ajuste catastral amenaza la capacidad de pago de campesinos, pequeños propietarios y familias de estratos bajos, la salida no admite soberbia: exige alivios, gradualidad y control serio. Un impuesto legítimo pierde respaldo cuando se aplica con sevicia.

El Gobierno nacional, por su parte, no puede limitarse a señalar culpables. Debe convertir la revisión prometida en hechos verificables, con plazos breves, criterios públicos y participación ciudadana. La institucionalidad se mide menos por los anuncios que por la capacidad de corregir sin humillar al contribuyente.

Santander necesita desincentivar activar bloqueos, sí, pero necesita algo más urgente que analizar que esa medida extrema, perjudicó a todo el departamento, pero también debe recuperar y reforzar  la idea de que tributar tiene sentido cuando la carga es clara, proporcional y justa.

Si la actualización catastral pretende modernizar el país, debe empezar por respetar a quien la soporta. Sin esa premisa, toda reforma termina convertida en conflicto.

Colombia no puede normalizar que una resolución técnica desate un daño social de la magnitud que se vio en estos seis días. Si el catastro multipropósito busca justicia tributaria, su legitimidad depende de la precisión y del trato diferenciado. La revisión anunciada, de los avalúos en todo el país, debe servir para depurar excesos, frenar cobros desmedidos y devolver seguridad jurídica.