Incertidumbre reformatoria

Por: Aníbal Charry

En medio del caos de todo orden que vive el país, especialmente en materia de  inseguridad y criminalidad galopante, donde literalmente podemos afirmar que estamos en manos de bandas de todo pelaje, comenzando por las bandas de la politiquería,  que reclama reformas constitucionales urgentes en materia política y de justicia, seguimos empantanados sobre los mecanismos para llevarlas a cabo que tienen que pasar necesariamente por el Congreso contaminado que tenemos por medio de actos legislativos, una constituyente o un referendo, precisando, como lo he reiterado en esta columna, que para convocar cualquiera de los 2 últimos, se requiere el permiso por medio de una ley para que se pueda expresar el constituyente primario que quedó controlado insólitamente por el secundario, arrasando con su supuesta soberanía.

De ahí que,  como se dice en el argot popular,  se estén dando palos de ciego en el propósito de lograr las reformas constitucionales que se requieren urgentemente, particularmente, como lo he dicho, en el campo de la política y la justicia, que son donde se encuentran  la almendra de la anarquía  que padecemos en corrupción, violencia e inseguridad, y por eso ahora el presidente Petro plantea de pasar de una constituyente a un referendo, que nos conducen al mismo llano de imposibilidad para lograr estas reformas que deben pasar por un dilatado trámite, y lo que es más grave por estar en manos en cualquier circunstancia de un Congreso lleno de sindicaciones de corrupción para legislar, que prefigura que esa anarquía la vamos a mantener seguramente hasta el día del juicio final, por la imposibilidad de lograr esas reformas por las vías constitucionales.

Porque el presidente Petro plantea el referendo como una expresión del poder constituyente, sin que se aterrice la forma para poderlo concretar en su Gobierno,  agregándole además una serie de temas que no son susceptibles de reforma constitucional como las garantías inmediatas de los derechos universales a la salud, la pensión y la educación pública gratuita, que ya se encuentran consagrados en la Constitución, solo que ha faltado voluntad política del Estado para hacerlos realidad, que conduce a pensar que no existe posibilidad cercana de hacer por lo menos las reformas política y de la justicia que se están pidiendo a gritos para combatir eficazmente el pantano maloliente de corrupción, violencia e inseguridad que estamos padeciendo.

Y lo que es  más contradictorio, es que el Gobierno haya convocado una Comisión para hacer reformas a la justicia pero sin tocar la Constitución, cuando se requieren esas reformas constitucionales, que ha llevado prácticamente al fracaso de esta Comisión, que confirma el nudo gordiano en que nos encontramos, que obliga al presidente Petro a definir el mecanismo  expedito para lograr por lo menos las reformas a la política y a la justicia, para no seguir navegando en este piélago de incertidumbre reformatoria.