Resumen
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11 años después de que se configurara una millonaria pérdida de recursos para el departamento de Santander, la Contraloría General de la Republica emitió fallo con responsabilidad contra dos exfuncionarios de la Gobernación de Richard Aguilar Villa (2012 – 2015), entre ellos se encuentra el actual secretario general de la Cámara de Representantes, John Abiud Ramírez Barrientos; el supervisor del contrato, y tres integrantes de la empresa contratista, a quienes en conjunto se les señala por la pérdida de los recursos.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
La denuncia la interpuso ante el organismo de control en el año 2018 la entonces jefe de planeación del Ministerio de Cultura, quien puso en conocimiento presuntas irregularidades en la legalización de recursos provenientes de esa cartera del Ejecutivo, dineros que fueron obtenidos por medio del Impuesto Nacional al Consumo (INC), el cual se impuso a la telefonía móvil para ser girados al departamento de Santander con el objetivo de ser invertidos en el ámbito cultural.
Si bien la obra tiene un costo superior, el detrimento fiscal está conformado por la suma de 533 millones 480 mil 245 pesos (la cuarta parte del valor del contrato), dineros de los que no hay trazabilidad de su correcta ejecución ni tampoco de su respectivo reintegro a la Nación.
Según la trazabilidad de los recursos, con esta suma se completaron los recursos que se requerían para las obras de mantenimiento y remodelación del Teatro Municipal Manuela Beltrán del municipio de El Socorro, las cuales hoy se consideran fallidas pues si bien gran parte de la estructura física logró remodelarse, la sede cultural está inutilizada debido a que no se completaron las acometidas energéticas para brindar el correcto funcionamiento del teatro.
Los investigados
De acuerdo con el expediente, los exfuncionarios acusados son John Abiud Ramirez Barrientos, en su calidad de exsecretario de Desarrollo Departamento de Santander (hoy secretario general de la Cámara de Representantes); Maritza Prada Holguín, exsecretaria de Desarrollo Departamento de Santander; y Francisco Rangel Castro, Profesional Universitario Nivel Profesional Código 219 Grado 16 en su calidad de Supervisor Contrato de obra.
Además, también fueron señalados fiscalmente responsables los contratistas José Luis Larrotta Maldonado, como miembro del Consorcio Cultura (con participación del 95%); Fernando Alberto Chacón Gálvez, miembro del Consorcio Cultura (con una participación del 5%) y Cesar Iván Gil Silva, Contratista de obra.
Irregularidades en el
millonario contrato
Tras la denuncia efectuada desde el Ministerio de la Cultura, la Contraloría General de la República, encargada de adelantar la investigación debido a que los recursos provinieron del orden nacional, envió al municipio de El Socorro a un ingeniero civil, visita en la que el organismo de control constató las falencias reportadas en las obras de remodelación ejecutadas en virtud del Contrato de obra pública 5606, mediante el cual se desarrolló el Convenio Interadministrativo Número 4486 de 2013, celebrado por el Departamento de Santander con el Municipio de El Socorro.
Según la documentación oficial, la remodelación del Teatro Municipal Manuela Beltrán del municipio de El Socorro, tuvo un costo total de 2 mil 217 millones 71 mil 576 pesos, más la Interventoría, avaluada en $87.437.387, para un gran total de $2.304.508.963, obra que debía ejecutarse en un plazo de ejecución de 18 meses.
Las falencias fueron detalladas en el informe técnico presentado por el Ingeniero Civil de la CGR, entre las cuales sobre salen aspectos como:
“(…) La parte eléctrica en su totalidad no es funcional debido a que todas estas instalaciones NO han sido certificadas por la ESSA o por un tercero diferente al propietario y constructor para la correspondiente legalización del servicio ante el Operador de Red (OR) respectivo, (no cumple el RETIE, Normas NTC-2050 y RETTILAP); a la fecha se tiene una acometida provisional, situación que impide la utilización y aún más la puesta en marcha y recibo de las obras por el Municipio del Socorro, para cuando se ponga en funcionamiento el sonido, aire acondicionado, tramoyas ascensores, el Teatro cuenta con un límite de carga eléctrica, que no le permite operar y garantizar al máximo el funcionamiento continuo y eficiente de la instalación eléctrica y evitar un enorme daño a los equipos y accidentes. (…).
En el contexto de las graves irregularidades, la Contraloría advirtió que se configuró la “pérdida de los recursos invertidos, por cuanto la obra no se encuentra en funcionamiento, existiendo ausencia de utilidad social de los recursos invertidos por valor de $2.304.508.963, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, toda vez, que la obra fue recibida a satisfacción y el contrato de obra No. 5606— 2013, que desarrollo el convenio interadministrativo se liquidó por mutuo acuerdo el 30 de diciembre de 2014, por el Departamento de Santander y a la luz de los principios de economía, eficiencia y eficacia, es responsabilidad de la administración Departamental, adoptar las medidas necesarias para garantizar que esta obra sea puesta al servicio de la comunidad del Socorro. Hallazgo con presunta connotación fiscal. (…)”, conceptuó el organismo de control.
Los responsables
De acuerdo con la resolución de la Contraloría como primer responsable aparece:
John Abiud Ramírez Barrientos: Se desempeñó como Secretario de Desarrollo Departamento de Santander, entre el 06 de febrero de 2013 a 22 de octubre de 2014 y fue quien suscribió el convenio interadministrativo No. 4486 del 17 de octubre de 2013, entre la Gobernación de Santander y el Municipio del Socorro.
Además, suscribió el contrato de obra 5606 del 11 de diciembre de 2013, que desarrolló el convenio interadministrativo, así mismo suscribió el contrato de consultoría 957 del 30 de enero de 2014, gestiones que a juicio de la Contraloría fueron fallidas y contribuyeron a la pérdida de los recursos. Pese a esto fue declarado fiscalmente no responsable.
Maritza Prada Holguín: Se desempeñó como Secretaria de Desarrollo entre el 01 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, participó en la Liquidación del contrato de obra No. 5606 del 11 de diciembre de 2013, que desarrolló el Convenio Interadministrativo No. 4486 del 17 de octubre de 2013; igualmente participó en la liquidación del contrato de consultoría No. 957 del 30 de enero de 2014.
Francisco Rangel Castro: La Contraloría General de la República sancionó al profesional universitario de la Gobernación de Santander, quien se venía desempeñando como Registrador Departamental con el respaldo del partido de la U. La sanción que lo sacó del cargo de registrador se da por irregularidades en la supervisión del contrato pues avaló la liquidación del mismo sin haberse culminado la remodelación ni el mantenimiento, habiendo certificado como recibidas a satisfacción las obras adelantadas en el teatro municipal, considerado patrimonio cultural.
