INFORME: Tres municipios de Santander con riesgo en las inversiones de los Planes Departamentales de Agua

La Contraloría General de la República culminó auditorías de cumplimiento del primer semestre de 2025 a los Planes Departamentales de Agua (PDA) de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre, donde se detectaron 14 hallazgos fiscales por más de $14.290 millones en el 2025. Desde el año 2020, hasta la presente vigencia, se han configurado un total de hallazgos fiscales superiores a los $259.460 millones en los PDA. La cobertura de acueducto urbano en Colombia supera el 92%, mientras que en áreas rurales apenas llega al 43.38%. En cuanto a alcantarillado, la brecha Urbano-rural supera los 70 puntos porcentuales.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El Plan Departamental de Agua (PDA) es una estrategia nacional realizada para mejorar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en varios departamentos del país, principalmente aquellos que contaban con focos poblacionales importantes y pese a ello no contaban con condiciones dignas, que no solo garantizaran cobertura sino calidad en la gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos, así como el desarrollo de proyectos de agua potable y saneamiento básico en la región.

Pese a lo loable de su objetivo, las irregularidades persisten. Recientemente, la Contraloría General de la República detectó 14 hallazgos fiscales por más de $14.298 millones en auditorías realizadas durante el primer semestre de 2025 a los Planes Departamentales de Agua (PDA) en Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre. Los resultados muestran que continúan los problemas estructurales en la planeación, contratación y ejecución de proyectos en el sector.

Estos hallazgos se suman a los acumulados desde 2020, año en que fue creada la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, que ya superan los $259.460 millones, lo que refleja una problemática persistente en todo el país.

Déficits de cobertura y gestión

Los PDA nacieron como una estrategia estatal para garantizar acceso equitativo al agua potable y al saneamiento básico, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, la evidencia indica que el objetivo no se ha cumplido.

Hoy el 92% de la población urbana cuenta con acueducto, pero en las áreas rurales la cobertura apenas llega al 43,38%, lo que significa que más de 10 millones de colombianos carecen de un servicio formal y confiable. En alcantarillado, la brecha es aún mayor: en el campo la cobertura no supera el 16%, frente a más del 85% en las ciudades.

La información consolidada por la Contraloría con los gestores de los PDA en los 32 departamentos evidenció que el 12,5% de los municipios no está vinculado al programa por limitaciones técnicas y de planeación.

También se encontró una fuerte desigualdad en la distribución de proyectos: mientras en Cundinamarca se registran más de 1.500, en departamentos como Vichada, Risaralda o Putumayo apenas se reportan menos de 20. De los 5.281 proyectos existentes, 389 están suspendidos, 29 en litigio y 8 incumplidos, reflejo de fallas en la planeación y en el control. Así, el enfoque territorial con prioridad en las zonas apartadas, con el que nació la estrategia, no se ha materializado.

Casos más graves identificados

En Antioquia, los hallazgos superaron los $8.700 millones, revelando profundas fallas en la planeación y ejecución de inversiones. En Nechí, se detectó un detrimento por $4.987 millones en obras que no garantizan el servicio de agua potable ni saneamiento, y en Anzá se evidenciaron pagos por $3.644 millones sin asegurar el cumplimiento del contrato ni de la interventoría.

En Santander, se configuraron hallazgos fiscales por más de $2.200 millones. Uno de los más significativos es el del municipio de Curití por $1.314 millones, donde se encontraron pagos por estructuras de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en avanzado estado de deterioro y que ponen en riesgo su operación. También, en Florián se estableció un hallazgo por $739 millones puesto que se identificaron pagos por suministros y equipos no instalados. En Barichara, el hallazgo por $175 millones se evidenció por pagos sin comprobación técnica ni funcional.

En Bolívar, el detrimento llegó a $1.433 millones en un sistema de alcantarillado en San Cristóbal que, pese a haber sido recibido y liquidado, no funciona por fallas estructurales.

En Guainía se detectaron hallazgos por más de $1.455 millones en contratos inconclusos y pagos sin soporte, lo que demuestra las dificultades del modelo PDA para responder a las realidades de territorios dispersos e indígenas.

Por su parte, en Sucre y Guaviare los hallazgos alcanzaron $364 millones y $95 millones, respectivamente.

Se necesitan cambios urgentes

Los resultados de las auditorías confirman que el modelo de los PDA adolece de deficiencias graves en planeación, ejecución y supervisión. Muchos proyectos quedan inconclusos o resultan inoperantes, los recursos públicos se pierden o se malgastan, y las comunidades siguen sin acceso a servicios básicos.

Ante este panorama, la Contraloría General advierte sobre la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de planeación, control y seguimiento, con enfoques diferenciales y territorialmente pertinentes, para cerrar de manera real las brechas en acceso al agua potable y al saneamiento básico.