Santander se encuentra atrapado en una trampa tarifaria: consume menos servicios públicos que otros departamentos, pero paga más, en parte por razones estructurales y en parte por un esquema tarifario que desincentiva la eficiencia y castiga el ahorro. Si no se toman medidas correctivas, esta situación podría comprometer la viabilidad del tejido empresarial regional y agravar las tensiones sociales provocadas por el alza en el costo de vida.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

A pesar de que las empresas santandereanas han reducido significativamente su consumo de energía y gas natural, el costo de sus servicios públicos sigue siendo uno de los más altos del país. Un reciente estudio revela cómo esta contradicción tarifaria amenaza la sostenibilidad de la industria regional, afecta la competitividad de Bucaramanga y pone presión sobre los bolsillos de los ciudadanos.

Así es, en Santander, consumir menos no significa pagar menos. Esa es la principal conclusión de una investigación realizada por la firma Energy Master, que analizó más de 30.000 facturas corporativas entre junio de 2024 y junio de 2025, y que plantea un escenario preocupante: a pesar de implementar medidas de eficiencia, las empresas del departamento enfrentan un modelo tarifario regresivo y desequilibrado que eleva sus costos fijos y amenaza con trasladar el impacto al consumidor final.

El caso más crítico es el del gas natural. Las compañías santandereanas redujeron su consumo en un contundente 33%, pasando de 136.472 a 92.051 metros cúbicos en el último año. Sin embargo, en lugar de ver reflejado ese esfuerzo en sus cuentas, el gasto aumentó un 5%, al pasar de $264 millones a $278 millones. El dato contrasta con lo ocurrido en Cundinamarca, que con un consumo mayor (145.397 m³) pagó menos: $246 millones.

“Estamos ante una paradoja perversa: se penaliza al que consume menos. Las empresas están invirtiendo en eficiencia, pero el mercado energético no reconoce ese esfuerzo. Se trata de un castigo tarifario que desincentiva el ahorro y distorsiona toda la lógica económica”, advierte Alejandro Ramírez, CEO de Energy Master y autor del estudio.

Santander, con la tarifa de gas más alta del país

Según el informe, la tarifa promedio del gas en Santander se encuentra entre las más altas de Colombia. Esto se debe, en gran parte, al recobro por transporte, ya que el gas debe ser traído desde el Caribe, lo que encarece significativamente el precio final. A pesar de consumir menos, las empresas deben asumir los mismos costos logísticos, lo que anula los beneficios de la eficiencia.

Este fenómeno afecta especialmente a sectores como la panificación, agroindustria, alimentos, textiles y metalmecánica, donde el gas es un insumo esencial en los procesos productivos. El impacto se traduce en decisiones difíciles: reducir márgenes de ganancia o subir los precios al consumidor final.

“La inflación no solo se origina en la macroeconomía. También nace en estos microprocesos donde los servicios públicos son cada vez más caros, y las empresas no tienen margen para absorber el golpe. El alza tarifaria ya está encareciendo el pan, el transporte y los insumos”, enfatiza Ramírez.

Energía eléctrica: se consume menos, pero el alivio es limitado

En cuanto a la energía eléctrica, el estudio muestra que el consumo empresarial en el departamento cayó un 4%, de 3.769.159 a 3.604.149 kilovatios/hora, y que el gasto total se redujo en un 11%, de $3.750 millones a $3.351 millones. Aunque la disminución del gasto es más proporcional al uso que en el caso del gas, expertos consideran que los costos siguen siendo altos en relación con la eficiencia lograda.

Esto se debe, en parte, a los cargos fijos elevados, a la ausencia de incentivos tarifarios por consumo responsable y a contratos de suministro que no han sido renegociados en función del nuevo panorama energético.

 “Muchos contratos con proveedores de energía siguen atados a esquemas antiguos, cuando el consumo era más alto. Ahora que las empresas han cambiado sus hábitos, el modelo sigue penalizándolas con cargos fijos desproporcionados”, sostiene Ramírez.

Agua: un comportamiento diferente

El único servicio que parece responder a una lógica de uso es el agua potable. En este rubro, el consumo aumentó un 16,8%, pasando de 10.967 a 12.812 m³, pero el gasto cayó en un 23%, de $180 millones a $138 millones. Este comportamiento indica que, en este caso, la estructura tarifaria sí es más flexible y sensible al comportamiento del usuario.

Sin embargo, este equilibrio no se replica en el resto de servicios públicos, donde el desajuste entre consumo y cobro se ha convertido en la norma.

Efecto dominó sobre el aparato productivo

La consecuencia de este modelo tarifario es un impacto directo sobre la competitividad regional. Según el estudio, las pymes del sector industrial reportan que los servicios públicos representan entre el 10% y el 15% de su gasto mensual total, una cifra que limita seriamente sus posibilidades de crecimiento, inversión y generación de empleo.

Además, este desequilibrio está generando presión inflacionaria indirecta. Como las empresas deben proteger sus márgenes, terminan trasladando los costos a productos de consumo masivo, afectando así a toda la cadena económica regional, especialmente a los hogares de ingresos medios y bajos.

“El modelo tarifario actual está drenando recursos que podrían ir a innovación o expansión. Al final, esto castiga al empleo, a la inversión y al consumidor final”, señala el informe.

¿Qué se puede hacer?

Energy Master recomienda una revisión urgente del esquema de tarifas, especialmente en lo que respecta al gas natural. Propone mecanismos de compensación para regiones como Santander, donde el transporte de energía y gas representa una carga estructural que no se compensa con el volumen de consumo. También se sugiere que las autoridades regulatorias establezcan tarifas más dinámicas y segmentadas, que reconozcan los esfuerzos en eficiencia y promuevan prácticas responsables entre los usuarios industriales.