Informe revela amenazas latentes al 60% de los páramos en Colombia
Colombia, poseedora de más del 40 % de los páramos del planeta, enfrenta una crisis silenciosa que compromete su seguridad hídrica. Estudios recientes, que incluyen investigaciones en los ecosistemas de Boyacá, advierten que cerca del 60 % del área total de páramos está intervenida por actividades humanas, principalmente ganadería lechera y agricultura —con cultivos de papa, cebolla, arveja, cebada y hortalizas—, además de minería en puntos específicos.
Estas prácticas están empujando la frontera agrícola y poniendo en riesgo la capacidad de los páramos para cumplir su función más vital: regular el ciclo hidrológico y proveer agua a millones de personas. Hasta el 80 % de la población colombiana, urbana y rural, depende directa o indirectamente de los caudales que nacen en estos ecosistemas de alta montaña. Bogotá, por ejemplo, obtiene buena parte de su agua de los páramos de Chingaza, Sumapaz y Cruz Verde; Bucaramanga del de Santurbán; y Medellín del de Belmira.
Ecosistemas únicos bajo presión
Los páramos, situados entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, son exclusivos del norte de los Andes y concentran una biodiversidad excepcional, con especies adaptadas a condiciones extremas. Sin embargo, la expansión de cultivos y potreros ha degradado su vegetación nativa, compactado sus suelos y reducido la capacidad de infiltración de la lluvia, afectando la recarga de acuíferos y la calidad del agua.
En Colombia, estos ecosistemas cubren aproximadamente el 2,4 % del territorio continental —unos 29.061 km²—, distribuidos principalmente en las cordilleras Oriental y Central. Boyacá alberga el 23 % de esta superficie, con complejos estratégicos como Pisba, Iguaque-Merchán, Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-La Rusia y la Sierra Nevada del Cocuy. Sin embargo, páramos emblemáticos como Guerrero, Sumapaz, Cruz Verde y Santurbán ya muestran altos niveles de alteración.
Conflictos socioambientales y falta de alternativas
El uso intensivo de la tierra en los páramos suele estar asociado a pequeños agricultores y ganaderos, más que a grandes latifundios. Aunque estas actividades son el sustento de miles de familias, su impacto acumulativo degrada el ecosistema y disminuye su capacidad de retener y filtrar agua. La minería, por su parte, añade un riesgo adicional al extraer recursos del subsuelo y modificar de forma irreversible la estructura del terreno.
La delimitación oficial de páramos —medida para protegerlos— ha generado tensiones con comunidades campesinas, indígenas y colonas que históricamente han habitado estas zonas y que enfrentan limitadas alternativas económicas. La falta de presencia integral del Estado agrava el problema: predominan las políticas de restricción, pero no los programas sostenibles que permitan compatibilizar la conservación con el bienestar de los habitantes.
Un reto para la seguridad hídrica nacional
La degradación de los páramos no solo amenaza especies únicas —más de 700, de las cuales 293 están en categoría de “prioridad de conservación”—, sino que compromete el acceso al agua de ciudades enteras. Expertos coinciden en que, sin una estrategia nacional que combine restauración ecológica, manejo sostenible del suelo y participación comunitaria, el país podría enfrentar en las próximas décadas una crisis hídrica sin precedentes.
Conservar los páramos es, en esencia, proteger las reservas de agua que sostienen la vida, la agricultura, la industria y el consumo humano en Colombia. La disyuntiva es clara: o se frena la degradación y se fortalecen alternativas sostenibles para quienes viven en estos territorios, o se arriesga el futuro hídrico de la nación.
