INFORME: Santander, entre las regiones con serias amenazas para la jornada electoral

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo deja una advertencia clara: el mayor riesgo no es la suspensión de las elecciones, sino que se desarrollen bajo condiciones de miedo, coacción y silencio ciudadano. En territorios como Santander, donde las amenazas de grupos armados persisten y las respuestas institucionales aún muestran vacíos, el desafío consiste en garantizar que el voto sea verdaderamente libre y que el proceso electoral no quede condicionado por el control ilegal del territorio.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El proceso electoral de 2026 en Colombia avanza bajo una atmósfera de tensión creciente. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte que el departamento de Santander figura entre los territorios con mayores riesgos de seguridad por la presión de grupos armados ilegales, lo que podría afectar gravemente la libertad política, el ejercicio democrático y la seguridad de líderes sociales y candidatos.

El documento, que corresponde al seguimiento a la Alerta Temprana Electoral ATE 013 de 2025, registra 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral, evidenciando un escenario nacional complejo que impacta particularmente a Santander junto con Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

La Defensoría del Pueblo presentó el primer Informe de Seguimiento (IS) a la Alerta Temprana Electoral (ATE 013 de 2025, emitida en octubre pasado), en el cual concluye que la respuesta institucional para mitigar los riesgos en los comicios de este 2026 alcanza un cumplimiento parcial.

El monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad revela que el escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, donde grupos criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país.

“Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del Informe de Seguimiento a la ATE 013-25.

El índice de respuesta estatal arrojó un cumplimiento bajo, toda vez que, de las 11 recomendaciones agrupadas en categorías temáticas, las acciones se limitaron a la respuesta ordinaria. En prevención y protección, ha habido un cumplimiento del 52 %, en investigación y acceso a la justicia 55 %, en acciones de la fuerza pública para disuadir el contexto de amenaza 65 %, en la articulación interinstitucional (29 %), en las gestiones preventivas del Ministerio Público (65 %).

Santander: presión armada y control territorial

En el caso de Santander, la preocupación institucional se centra en la influencia de estructuras armadas ilegales que buscan incidir en la dinámica política local mediante intimidaciones, restricciones y mecanismos de control social, principalmente en los municipios del Magdalena Medio santandereano.

Según el Sistema de Alertas Tempranas, el riesgo en el departamento se relaciona con el fortalecimiento de lo que la entidad denomina “gobernanzas armadas ilegales”, fenómenos en los que organizaciones criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas, imponen normas de comportamiento electoral, vetan candidaturas, y generan temor en comunidades rurales y urbanas, al punto que a las víctimas y poblaciones objeto de presiones sienten miedo para denunciar.

Este panorama configura un escenario en el que las elecciones podrían desarrollarse formalmente, pero bajo condiciones que limitan la libertad del votante. Durante la presentación del informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó una preocupación contundente:

“Nuestra preocupación central no es la realización de las elecciones, sino la libertad con la que se desarrollarán”.

La advertencia apunta a la posibilidad de una democracia condicionada por el miedo, especialmente en regiones donde la presencia estatal es débil frente al control territorial de actores armados.

“Los grupos armados definen en algunas zonas ‘reglas’ donde se condiciona el comportamiento electoral de la población civil. Por ejemplo, en el noroccidente, como en Córdoba y en Antioquia, el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral”, aseguró la Defensora del Pueblo.

Mujeres en medio de la guerra

Las mujeres, mediante hechos de violencia de género de los actores armados, han visto reducido su liderazgo y autonomía política; particularmente, en la subregión Catatumbo.

“Las mujeres enfrentan un mayor riesgo para adelantar sus actividades proselitistas, lo cual hace que su participación tienda a ser formal y enfrenten mayores dificultades para llegar a ocupar una curul en el Congreso”, remarcó la Defensora del Pueblo.

Personas firmantes de paz enfrentan amenazas de estructuras armadas al margen de la ley. En Caño Indio (zona rural de Tibú, Norte de Santander), por ejemplo, el desplazamiento forzado podría afectar su derecho al voto.

Una situación similar viven quienes habitan en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) del departamento del Meta.

La población lideresa social y defensora de derechos humanos afronta un riesgo marcado por homicidios, atentados e intimidación de grupos armados, en particular contra integrantes de juntas de acción comunal (JAC).

Otra situación preocupante está relacionada con los periodistas, pues la exacerbación de la opinión pública genera un riesgo para el ejercicio de su labor en el cubrimiento de la contienda electoral.

Las y los servidores públicos padecen un riesgo creciente a causa de amenazas, restricciones a la movilidad y ataques directos ejercidos por grupos armados ilegales para incidir en la gestión pública y el desarrollo de los comicios. Estas acciones debilitan la gobernabilidad local y generan desplazamiento institucional. Sobre esto último, viene ocurriendo en Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca.

“La gobernanza se extiende a la presión sobre administraciones municipales, como se observa, por ejemplo, en la subregión de Sabanas en Sucre, donde los grupos armados buscan impulsar candidaturas afines a sus intereses estratégicos”, manifestó la Defensora Iris Marín Ortiz.

El Informe de Seguimiento da cuenta de 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos (mujeres y hombres) en el contexto preelectoral, concentrándose la mayor gravedad en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

Nuevas recomendaciones

Ante este panorama crítico, la Defensoría del Pueblo formula nueve nuevas recomendaciones y refuerza las anteriores (las de la ATE), exigiéndole al Ministerio del Interior que asuma un liderazgo efectivo en la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que sean armonizados los planes de acción, asegurados presupuestos medibles y evitada la duplicidad de acciones que genera vacíos operacionales.

Lo insta, además, a garantizar el funcionamiento real de las comisiones de seguimiento electoral y a capacitar a los entes territoriales sobre sus responsabilidades de protección.

En materia de seguridad, hace un llamado urgente al Ministerio de Defensa para que diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad, asegure el traslado de material electoral y garantice la custodia de los puestos de votación en zonas rurales y de difícil acceso.

A la Fiscalía General de la Nación le pide fortalecer la investigación y judicialización de los responsables de lo que podría constituirse en constreñimiento electoral, evaluando la implementación de centros de mando 24/7 y fiscales itinerantes en municipios con riesgo inmediato.