Inician traslado de 1400 internos de centros transitorios a prisiones

Inician traslado de 1400 internos de centros transitorios a prisiones

Resumen

Un acuerdo interinstitucional liderado por la Procuraduría permitirá acelerar el traslado de 1,424 condenados desde Centros de Detención Transitoria, sobrepoblados al 116%, hacia cárceles del INPEC. Se establecerá un cronograma y seguimiento para asegurar el cumplimiento.

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La Procuraduría General de la Nación logró que varias entidades del Estado llegaran a un acuerdo para establecer un mecanismo interinstitucional que permita acelerar el traslado de personas privadas de la libertad (PPL), ya condenadas, desde los Centros de Detención Transitoria (CDT) hacia los establecimientos penitenciarios en todo el país.

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El acuerdo fue alcanzado en una reunión convocada por la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, como parte del seguimiento que realiza el ente de control a la situación carcelaria declarada como estado de cosas inconstitucional por la Corte Constitucional.

Actualmente, los CDT —ubicados en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía— albergan a 20.940 personas, a pesar de tener una capacidad total de solo 9.681 cupos, lo que representa un hacinamiento del 116%.

De esa población, 1.424 personas ya han sido condenadas y deberían estar en cárceles bajo administración del INPEC. La Policía Nacional advirtió que 193 de estas personas llevan más de 690 días detenidas en estos centros transitorios, sin que se haya definido su traslado a un penal.

Durante el encuentro, la Policía Nacional, el INPEC, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia acordaron crear un cronograma articulado de traslados, el cual incluirá aspectos logísticos, operativos y de seguridad.

Asimismo, se establecerá un mecanismo de seguimiento y verificación conjunta para garantizar que los traslados se cumplan en los tiempos y condiciones acordadas.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, destacó el compromiso del INPEC y la Policía Nacional con el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y reiteró que la Procuraduría mantendrá una vigilancia constante para asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

 

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