Inicio del año judicial

Por: Jaime Arrubla

Arrancó el año judicial y sobre las Cortes se crea la expectativa ciudadana para que realicen el contrapeso democrático a los excesos de poder que se presentaron por parte del Ejecutivo al cierre del 2025.

Lo primero es el Estado de Emergencia Económica decretada por el ejecutivo una vez fracasó en el Congreso la ley de financiamiento para el “deficitado” presupuesto nacional en más de dieciséis billones de pesos. Se trata del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, cuyo control corresponde a la Corte Constitucional. El pasado martes se radicó la solicitud de suspensión provisional presentada por el Consejo Gremial Nacional, en la cual se enrostran los yerros de constitucionalidad del decreto y los fundamentos para la procedencia de la suspensión.  La demanda señala que no se dan los presupuestos para una declaratoria de Emergencia Económica, no hay hechos sobrevinientes, y se trata de un problema de mala gestión presupuestal y de exceso en el gasto, los que tienen la “olla raspada” en las arcas nacionales.

Para el decreto en cuestión, los hechos sobrevinientes que  justifican la declaratoria de emergencia son: 1- La obligatoriedad de cumplimiento del Auto 2049 de 2025 de la misma Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud, 2- La garantía de seguridad ciudadana dadas las recientes alteraciones del orden público y la necesidad de proteger los líderes sociales y los mismos candidatos; 3- La no aprobación por parte del Congreso  del proyecto de ley de financiamiento; 4-  Los desastres naturales causados por la ola invernal; 5- Las sentencias judiciales pendientes de pago; 6- Las obligaciones atarazadas, legales y contractuales adquiridas antes del presente gobierno; 7- El agotamiento de las alternativas de endeudamiento dada la regla fiscal;  8- Las restricciones de caja de la Tesorería General de la Nación.

Le corresponderá a la Corte entrar a decidir quién tiene la razón. A esto se agrega el problema de composición actual de la Corte, donde algunos aseguran que el Gobierno puede gozar con una mayoría. Entiéndase bien, no se cuestiona la independencia de los magistrados, sino que se advierte sobre la tendencia ideológica que siempre influye al momento de tomar ciertas decisiones.

El Consejo de Estado, tampoco la tiene fácil; le van a llover demandas contra la legalidad del alza del salario mínimo; señalando que consultó los aspectos de carácter técnico que obligaban al gobierno, como el índice de inflación y de productividad y que amañadamente solo se tuvo en cuenta otros criterios, lo que ocasiona un desorden económico, genera inflación, e informaliza el trabajo. La suspensión provisional, será determinante, pues si no se adopta ahora, la decisión llegaría cuando ya no se necesita.

La Corte Suprema de Justicia deberá continuar su tarea de investigar a juzgar los aforados del equipo gubernamental y parlamentario, que hicieron “papilla” con el Tesoro Nacional.

Bueno, comienza un año judicial pletórico de expectativas de los ciudadanos frente a la actuación de sus Cortes, que están llamadas a cumplir el papel de “columna de hierro” de esta fatigada democracia.