Investigan Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por posibles irregularidades
Resumen
La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por irregularidades en el proyecto América Centro de Negocios, cuyo fracaso habría causado un daño patrimonial cercano a $400.000 millones.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal a exdirectivos y empresas vinculadas a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por el fracaso del proyecto inmobiliario América Centro de Negocios, ubicado en el norte de Bogotá, que habría generado un daño patrimonial cercano a los 400.000 millones de pesos.
El proceso se originó tras evidenciarse múltiples irregularidades en la gestión del proyecto, concebido como una inversión estratégica para fortalecer los recursos destinados a las pensiones de militares retirados. Sin embargo, seis años después del plazo establecido para su entrega, la obra permanece inconclusa en una de las zonas más valorizadas de la capital.
Según el ente de control, exmiembros de la junta directiva y de la administración de Cremil, junto con las empresas Helm Bank —hoy parte de Itaú— y Aldea Proyectos, incurrieron en omisiones graves al no proteger los activos entregados ni exigir las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato.
El origen del caso se remonta a junio de 2015, cuando Cremil transfirió catorce lotes ubicados en la localidad de Usaquén a una fiduciaria, a cambio de la construcción de una torre empresarial y cerca de 300 parqueaderos. El acuerdo contemplaba un plazo de 48 meses, por lo que la entrega debía concretarse en 2019. No obstante, el proyecto nunca fue finalizado.
El informe de la Contraloría señala que no se exigieron pólizas de cumplimiento ni garantías reales, lo que dejó los bienes expuestos a terceros y sin mecanismos efectivos de recuperación. Esta situación, advierte el organismo, permitió la pérdida efectiva del patrimonio público administrado por la entidad.
Entre los implicados figuran varios altos oficiales en retiro, incluidos los generales Jorge León González, Jairo Salguero Casas, Jairo Édgar Ceballos Mendoza y Leonardo Pinto Morales, así como el contralmirante Germán González. De acuerdo con la auditoría, las decisiones fueron aprobadas de manera unánime, sin que se adoptaran medidas para mitigar riesgos.
Además, se cuestiona la falta de reacción oportuna frente al incumplimiento contractual. Algunos responsables habrían tardado varios años en iniciar acciones legales, lo que agravó el detrimento patrimonial.
Una inspección reciente al predio evidenció el estado de abandono: estructuras inconclusas, maquinaria inactiva y ausencia total de trabajadores. Las edificaciones prometidas, incluida la torre empresarial, nunca fueron entregadas, afectando directamente los recursos destinados a los beneficiarios de Cremil.
La Contraloría sostiene que las condiciones actuales, tanto físicas como jurídicas, dificultan la recuperación de los terrenos, ya que estos estarían comprometidos en operaciones con terceros. Esto limita las posibilidades de restitución o indemnización.
Por su parte, Cremil indicó que evaluará la situación a través de su equipo jurídico, sin emitir declaraciones adicionales hasta el momento.
El caso pone en evidencia fallas estructurales en la gestión de recursos públicos y reabre el debate sobre los mecanismos de control en proyectos de gran envergadura, especialmente aquellos que comprometen fondos destinados a la seguridad social de sectores clave como las Fuerzas Militares.
