Investigan exfuncionario de la contraloría en Girón por cerrar procesos sospechosamente

Este nuevo capítulo en Girón no solo revive los cuestionamientos sobre la calidad del control fiscal en el municipio, sino que pone sobre la mesa una discusión urgente: ¿quién vigila a los que deben vigilar? La Procuraduría ha lanzado la advertencia. Ahora le corresponde al aparato disciplinario garantizar que casos como este no pasen al olvido y que la defensa del patrimonio público vuelva a ser una prioridad, no una formalidad archivada en silencio.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre una actuación que podría tener serias implicaciones para la defensa del patrimonio público en el municipio de Girón, Santander.

En el centro de la controversia se encuentra Sergio Andrés Gómez Garnica, exjefe de la oficina jurídica de la Contraloría municipal, quien ahora enfrenta un pliego de cargos disciplinarios por su presunto comportamiento irregular al archivar tres procesos de responsabilidad fiscal de forma silenciosa, unilateral y sin consulta a su superior inmediato, lo que ha sido calificado por las autoridades como una conducta sospechosa y abiertamente atrevida.

Según la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el exfuncionario habría omitido uno de sus deberes esenciales al interior de la Contraloría Municipal, como lo es elevar en grado de consulta a sus superiores funcionales las decisiones de archivo de procesos fiscales, tal y como lo establece con claridad el Decreto 403 de 2020.

Dicha norma estipula que todo archivo de un proceso de responsabilidad fiscal debe ser revisado jerárquicamente, precisamente para evitar decisiones arbitrarias, errores o como se sospecha en este caso maniobras deliberadas para favorecer intereses particulares o encubrir irregularidades administrativas.

La investigación señala que Gómez Garnica habría proferido por cuenta propia y sin dar aviso alguno tres autos de archivo, contraviniendo el procedimiento legal.

Lo hizo, además, de manera discreta, sin dejar trazabilidad administrativa de una consulta o revisión, lo que para el Ministerio Público representa un indicio claro de una actitud intencional y contraria a la buena fe y la transparencia que exige el ejercicio de la función pública.

Aunque la investigación está en curso y aún no hay sanciones definitivas, la Procuraduría advierte que los hechos podrían configurar una falta disciplinaria calificada como grave, cometida a título de culpa grave.

Esto quiere decir que el exasesor jurídico habría actuado con desatención injustificada de sus deberes, ya fuera por imprudencia temeraria o por desprecio consciente de las normas que rigen la vigilancia fiscal.

Pero más allá de la tipificación legal, el caso ha generado preocupación por las consecuencias prácticas de este tipo de actuaciones. Si las decisiones de archivo fueron emitidas al margen de los controles internos, no solo se pone en riesgo el control fiscal municipal, sino que se abre la puerta a la prescripción de responsabilidades, el ocultamiento de hallazgos fiscales y la eventual impunidad de funcionarios o contratistas señalados por irregularidades con recursos públicos.

El deber incumplido

Uno de los puntos centrales del pliego de cargos es la posible violación de principios constitucionales y legales que deben guiar la actuación de todo servidor público: moralidad, responsabilidad, eficacia y protección del patrimonio público. Al no remitir sus decisiones para revisión superior, Gómez Garnica, en criterio del ente disciplinario, usurpó una función que no le correspondía en solitario y quebrantó el equilibrio interno del control fiscal.

La Procuraduría ha advertido que este tipo de conductas comprometen gravemente la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de vigilar el buen uso de los recursos del Estado. Girón, un municipio que ha enfrentado en el pasado varios escándalos relacionados con la contratación pública y la gestión administrativa, no puede permitirse que sus órganos de control operen bajo lógicas de discrecionalidad o arbitrariedad.

Este proceso disciplinario podría ser solo el inicio de una revisión más profunda sobre las prácticas internas en la Contraloría Municipal de Girón durante el periodo en que Gómez Garnica ejerció el cargo de jefe jurídico.

Organismos de control no descartan solicitar la reapertura de los procesos archivados, así como verificar si existen otros expedientes que hayan sido manejados de forma similar.

La atención pública ahora se centra no solo en el futuro disciplinario de Sergio Andrés Gómez Garnica, sino también en las posibles redes de complicidad, omisión o permisividad institucional que habrían permitido que decisiones tan sensibles como los archivos de procesos fiscales se tomaran sin los debidos filtros jerárquicos.