Resumen
El intendente Walter Javier Martínez Melo, comandante de Auxiliares de Policía de Soacha, enfrenta cargos por presunto acoso sexual a dos subordinadas. Se le acusa de aprovechar su posición para acosar física y verbalmente a las víctimas, e incluso de haber cometido violencia sexual.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El investigado además de comentarios inapropiados, habría pretendido que las víctimas sostuvieran relaciones sexuales con él. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al intendente, Walter Javier Martínez Melo, en su condición de comandante de Auxiliares de Policía de Soacha, por presunto acoso con fines sexuales hacia dos de sus subalternas.
Aparentemente, Martínez Melo habría acosado sexualmente de manera física y verbal a dos jóvenes auxiliares de Policía valiéndose de su superioridad, poder y autoridad.
Al parecer, el investigado además de comentarios inapropiados, habría pretendido que las víctimas sostuvieran relaciones sexuales con él a cambio de asignarlas en determinados lugares de facción, darles beneficios, permisos, salidas o evitar informes y anotaciones negativas en su hoja de vida.
El entonces comandante de auxiliares de Policía del Distrito Especial de Soacha también es investigado por posible acceso carnal vía oral a las dos auxiliares de esa institución, mediante violencia.
Para el Ministerio Público es claro que el intendente tenía el deber legal de “respetar la dignidad y libertad sexual de las femeninas como garante de los derechos y libertades públicas para prevenir o evitar la violencia, el maltrato y cualquier tipo de situación que vulnerara sus derechos”.
La Procuraduría advirtió además un desconocimiento sobre la ruta de atención ante las denuncias de casos de violencia sexual y/o de género por parte de los integrantes del Distrito Especial de Soacha, ante lo cual exhortó a la Dirección de Talento Humano de la Policía a realizar capacitaciones sobre el tema.
El ente disciplinario también señaló que, como órgano de vigilancia y control, defiende los derechos humanos y adelanta seguimiento al cumplimiento de la ley que garantiza los derechos de las mujeres, en todas las regiones del país y por parte de todos los niveles de la administración pública.
