Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Desde el pasado primero de mayo, el modelo de atención en salud para los docentes en Colombia experimentó un cambio que generó, principalmente en Santander numerosas quejas de los docentes y sus beneficiarios, quienes han reportado deficiencias en la atención y dificultades en el acceso a medicamentos y a procedimientos de distinta índole.
Pues bien, un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló tras una Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para la vigencia 2023 que parte de las falencias en los servicios pudieron tener relacion directa con una serie de hallazgos en los que se da cuenta de irregularidades de tipo financiero que tendrían una cuantía superior a los 68 mil millones de pesos.
El hallazgo de mayor cuantía corresponde a la destinación indebida de recursos del Fondo al pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 e indemnización por interés a las cesantías dispuesta en la Ley 52 de 1975, por $68.101.994.018, ocasionando detrimento fiscal, teniendo en cuenta que los recursos del Fomag son de destinación específica, de conformidad con la Ley 1995 de 2019, artículo 57.
Otros hallazgos de alta cuantía se establecieron al determinarse que con recursos del Fomag se pagó de manera inoportuna solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas y fallos relacionados con sanción mora y pensiones, por lo cual se pagaron, respectivamente, sanciones moratorias por $8.991.067.608.
Por otra parte, se evidenció pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por $89.629.864 y pagos indebidos de la mesada pensional a docentes y beneficiarios residentes en el exterior, con certificados de supervivencia vencidos, por $3.716.036.876.
En este ejercicio de control fiscal, al igual que en los adelantados en 2023, se determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, así como de las entidades territoriales, por lo que, con los resultados obtenidos, se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos y se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos.
Múltiples quejas
El Superintendente de Salud recientemente expuso las cifras de las reclamaciones por barreras en la prestación de los servicios de salud a los maestros y beneficiarios del sistema, de 2014 a 2024, así como las acciones de inspección, vigilancia y control llevadas a cabo por parte de este ente de supervisión desarrolladas durante esa misma década.
Por ejemplo, indicó que en el 2014 hubo un total de 9.142 reclamos, y el año pasado cerramos con 46.359. En lo correspondiente a este año, llevamos 14.356 reclamaciones, únicamente de enero a abril, existiendo un crecimiento exponencial de un 407,1 por ciento, lo cual llama profundamente la atención.
El Superintendente expuso también el número de reclamaciones según el tipo de riesgo: 158.882 reclamos de riesgo regular y 68.305 de riesgo de vida, según la clasificación que iba de 2014 a junio de 2023; y 29.145 de riesgo simple, 8.726 de riesgo priorizado y 88 de riesgo vital, según cifras correspondientes a la nueva clasificación de riesgos de la Supersalud que comprende desde el 01 de julio de 2023 al 30 de abril de 2024.
