JEP le pide al Congreso frenar recorte de $170.000 millones en medio de su pulso con el Gobierno

La Jurisdicción Especial para la Paz advierte que el tijeretazo presupuestal amenaza los derechos de más de 634.000 víctimas y las garantías judiciales de miles de excombatientes y miembros de la Fuerza Pública. La entidad defiende su gestión, exhibe ahorros por $21.575 millones y busca demostrar que puede avanzar hacia el cierre de los procesos de aquí a 2033 sin ampliar su mandato.

La pugna entre el presidente de la República y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suma un nuevo capítulo, esta vez con el presupuesto como campo de batalla. Mientras el Congreso tramita las cuentas de la Nación para 2027, la justicia transicional intenta evitar que le recorten $170.000 millones y defiende los recursos que considera indispensables para acelerar los juicios, avanzar en los macrocasos y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.

 En un pronunciamiento divulgado el 4 de octubre, la JEP pidió preservar los $821.803 millones incluidos inicialmente por el Gobierno Nacional en el proyecto de Presupuesto General de la Nación. La solicitud se produce después de que las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaran en primer debate una reducción que dejaría a la Jurisdicción con apenas $651.803 millones para el próximo año.

 La discusión tiene un trasfondo político y judicial. La JEP busca demostrar que necesita recursos suficientes para entregar resultados en una etapa decisiva de su trabajo, mientras el ajuste presupuestal amenaza con limitar su capacidad operativa. La controversia también pone sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo garantizar el avance de la justicia transicional en medio de las restricciones fiscales del país y de las tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones encargadas de implementar el Acuerdo de Paz.

Un recorte que golpea la inversión judicial

 La reducción aprobada en primer debate asciende a $170.000 millones: $140.000 millones menos en inversión y otros $30.000 millones en gastos de funcionamiento. De concretarse, la asignación para 2027 quedaría $129.667 millones por debajo del presupuesto vigente de 2026, una disminución del 16,6 %, según las cifras presentadas por la Jurisdicción.

 El mayor golpe recaería sobre la inversión, que pasaría de los $174.119 millones contemplados inicialmente a solo $34.119 millones. Para la JEP, esta disminución comprometería la realización de audiencias en las regiones donde ocurrieron los crímenes más graves del conflicto, la representación judicial de las víctimas, el acompañamiento psicosocial y las investigaciones necesarias para llevar a juicio a quienes no reconocen responsabilidad.

 La entidad advierte que las consecuencias irían más allá de sus capacidades administrativas. Actualmente tiene acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos que representan a unas 634.804 personas. Además, los recortes pondrían en riesgo las garantías procesales de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la Fuerza Pública.

 El funcionamiento de la Unidad de Investigación y Acusación también podría verse afectado, especialmente en las investigaciones en territorio, los análisis técnico-forenses y la preparación de los juicios adversariales. A ello se suma el riesgo de limitar el seguimiento a las sanciones propias impuestas y a las que se definan en los próximos meses.

La seguridad de víctimas y testigos, en juego

 La preocupación de la Jurisdicción también se extiende a los $30.000 millones que perdería en gastos de funcionamiento. Según sus cálculos, con los recursos disponibles apenas podría cubrir, en promedio, cuatro meses de medidas de protección para víctimas, testigos, comparecientes, funcionarios judiciales y otros participantes en los procesos.

 La advertencia es particularmente sensible en territorios donde persisten riesgos para quienes aportan información sobre graves violaciones de derechos humanos. Sin condiciones adecuadas de seguridad, sostiene la JEP, se dificulta la participación efectiva de las víctimas y se debilita el desarrollo de las actuaciones judiciales.

 En consecuencia, la controversia presupuestal no se limita al sostenimiento de una entidad estatal. También involucra la capacidad de investigar, establecer responsabilidades, imponer sanciones y ofrecer respuestas judiciales a quienes esperan conocer la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La JEP exhibe ahorros y resultados para defender sus recursos

 Frente a los cuestionamientos sobre el gasto público y la necesidad de austeridad, la Jurisdicción puso sobre la mesa sus propias cifras. Entre 2024 y julio de 2026, las medidas administrativas adoptadas le permitieron ahorrar $21.575 millones mediante ajustes logísticos, programación anticipada de audiencias y utilización de herramientas virtuales para determinadas diligencias.

 La entidad también aseguró que desde 2019 ha registrado una ejecución presupuestal superior al 87 %, con máximos del 93 % en 2021 y 2022. De acuerdo con su comunicado, el Ministerio de Hacienda destacó en 2025 su elevado nivel de ejecución frente a otras entidades del sector justicia.

 La JEP sostiene, además, que su gestión ha permitido ampliar la representación de víctimas: pasó de atender jurídicamente a 1.390 en 2019 a 6.555 en 2025. En materia de control fiscal, afirma que, después de siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, no registra hallazgos de corrupción ni de otra naturaleza.

 Con estos argumentos, la Jurisdicción intenta demostrar que no está reclamando recursos para expandir su estructura burocrática, sino para sostener una operación judicial que se encuentra en una fase determinante. Al mismo tiempo, anunció que fortalecerá su plan de austeridad, con metas más exigentes y seguimiento público, sin sacrificar las garantías fundamentales de víctimas y comparecientes.

La carrera contra el tiempo: cerrar los procesos en 2033

 Otro elemento central de la defensa presupuestal es el plazo de funcionamiento de la JEP. La entidad reiteró que no ha solicitado ampliar ni prorrogar su mandato, establecido inicialmente en 15 años, hasta 2033.

 La Jurisdicción asegura que atraviesa una etapa de intensa actividad judicial, marcada por el cierre de las investigaciones de sus 11 macrocasos, el avance de los juicios y la implementación de las sanciones propias. El propósito es resolver las responsabilidades derivadas de los crímenes más graves del conflicto y avanzar hacia el cierre jurídico de los procesos dentro del plazo previsto.

 Este calendario añade presión a la discusión. Una reducción de recursos en este momento podría ralentizar las diligencias, restringir el trabajo investigativo y dificultar el seguimiento a las sanciones, precisamente cuando la institución busca demostrar que puede cumplir su cometido dentro del tiempo establecido.

 La JEP insiste en que la asignación de $821.803 millones presentada por el Gobierno ya era insuficiente frente a sus necesidades: solicitó inicialmente $947.642 millones, por lo que existía una diferencia de $125.839 millones. Tras los ejercicios de ajuste y revisión, la brecha persistente se situaba en $84.633 millones, según el comunicado.

 Por eso, su petición actual no es que el Congreso aumente el presupuesto por encima de lo propuesto por el Ejecutivo, sino que evite una reducción adicional que profundizaría la desfinanciación.

Un pulso que ahora se traslada al Congreso

 El debate presupuestal se convierte así en un nuevo escenario de tensión entre el Gobierno y la justicia transicional. La JEP busca preservar los recursos avalados inicialmente por el Ministerio de Hacienda, mientras el Congreso deberá decidir si mantiene el recorte aprobado en primer debate o modifica la asignación durante el trámite legislativo.

 La disputa tiene implicaciones que superan las cuentas de una institución. En juego están la capacidad del Estado para responder a las víctimas, las garantías judiciales de miles de comparecientes y la posibilidad de cumplir los compromisos de justicia derivados del Acuerdo Final de Paz.

 La estrategia de la JEP consiste en respaldar su reclamación con cifras de ejecución, ahorros administrativos, cobertura judicial y resultados institucionales, al tiempo que se compromete a profundizar las medidas de austeridad. En otras palabras, busca demostrar que puede gastar con mayor eficiencia, pero advierte que ningún ajuste puede llegar al punto de paralizar su función.

 El desenlace dependerá de la decisión que adopte el Congreso en los siguientes debates del presupuesto de 2027. Por ahora, la Jurisdicción mantiene su advertencia: recortar otros $170.000 millones no sería simplemente apretarle el cinturón a una entidad pública, sino reducir su capacidad para investigar los crímenes del conflicto, garantizar la participación de las víctimas y cerrar jurídicamente los procesos antes de 2033.