JEP resuelve situación jurídica de 34 militares por “falsos positivos” que afectaron con fuerza a Santander

Con esta decisión, la JEP ha resuelto ya la situación jurídica de 178 comparecientes de la fuerza pública involucrados en crímenes no amnistiables. El caso del Batallón Sucre reafirma el impacto profundo de estas prácticas en comunidades de Santander, Boyacá y Cundinamarca, y marca un nuevo paso en el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto armado.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 34 integrantes del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’, con sede en Chiquinquirá (Boyacá), quienes participaron en asesinatos de civiles presentados falsamente como bajas en combate entre 2004 y 2008 en Boyacá, Cundinamarca y, especialmente, en municipios de Santander.

 Según la decisión, los crímenes ocurrieron en seis municipios: Puente Nacional y La Belleza (Santander); Caldas, Moniquirá y San Miguel de Sema (Boyacá); y Simijaca (Cundinamarca). En Santander, dos de los casos más dolorosos fueron los asesinatos de Manuel Franco Pinzón y Víctor Alfonso Rodríguez, el 14 de mayo de 2004 en La Belleza, y el de Jhon Francisco Pacheco Parra, en Puente Nacional, el 22 de agosto de 2008. Ambos fueron reportados como integrantes de grupos armados ilegales, pese a ser civiles inocentes.

La JEP destacó que estos municipios santandereanos fueron escenario clave de la práctica sistemática de los denominados “falsos positivos”, con efectos devastadores en las comunidades rurales que quedaron marcadas por la estigmatización y el miedo.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concedió a los comparecientes la figura de “renuncia a la persecución penal”, lo que implica el archivo de procesos en su contra al no ser considerados máximos responsables de los patrones criminales. A cambio, debieron reconocer su participación, aportar verdad y comprometerse con medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición.

No obstante, la JEP dejó claro que ninguno podrá reincorporarse a la Fuerza Pública y que se les revocarán los reconocimientos e incentivos recibidos en el marco de estas operaciones ilegítimas.

Durante audiencias realizadas en Tunja en marzo de este año, los militares revelaron cómo las víctimas fueron engañadas, trasladadas bajo falsos pretextos o retenidas ilegalmente para luego ser asesinadas y presentadas como bajas en combate.

Familiares de las víctimas de Santander participaron activamente en las diligencias, logrando escuchar de primera mano los reconocimientos de responsabilidad y las peticiones de perdón. Según la JEP, los relatos entregados superaron en detalle lo que había podido establecer la justicia ordinaria.

Reconstrucción de la práctica criminal

Los comparecientes explicaron cómo se usaron recursos del batallón para financiar montajes, comprar material de intendencia, pagar informantes y manipular escenas del crimen. Los magistrados de la JEP resaltaron que los 34 comparecientes asumieron su responsabilidad, pidieron perdón y se comprometieron a realizar actos de reparación simbólica como campañas públicas para dignificar el nombre de las víctimas. También ofrecieron garantías de no repetición, bajo el entendido de que si incumplen, perderán los beneficios otorgados. Se identificaron tres modalidades de ejecución:

Retención ilegal seguida de asesinato y montaje.

Engaño para trasladar a las víctimas y posteriormente asesinarlas.

Selección y ejecución de civiles aprovechando condiciones de vulnerabilidad.

Responsabilidad reconocida y compromisos de reparación

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