Resumen
La crisis humanitaria en Magdalena Medio, marcada por el aumento de homicidios y desplazamientos, se agrava con la presencia de grupos paramilitares. Más del 50% de las víctimas son jóvenes. La región enfrenta retos para proteger a la población y los derechos humanos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La región del Magdalena Medio ha enfrentado en 2024 una profunda crisis humanitaria, reflejada en el aumento de homicidios, desplazamientos forzados y ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según un reciente informe de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), más del 50% de las víctimas de homicidios corresponden a jóvenes de entre 18 y 28 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de esta población en un contexto de violencia sistemática.
En el municipio de Barrancabermeja, se registraron 143 asesinatos entre enero y el 10 de diciembre, una cifra que representa un alarmante incremento del 116% en comparación con el total de 2023. Además, en municipios como Yondó (17 casos), San Pablo (33) y Puerto Berrío (28), los homicidios y atentados se han normalizado, consolidando lo que CREDHOS denomina como una "política de la muerte".
La incursión de grupos paramilitares ha agravado la situación, generando desplazamientos forzados, tanto individuales como colectivos, especialmente en las subregiones del sur de Bolívar y el Magdalena Medio santandereano. Además, estas organizaciones imponen "normas de control social", cometen reclutamientos forzados, incluso de menores de edad, y perpetúan desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos.
Un ejemplo dramático de esta crisis son las tres masacres ocurridas en la región durante el año, con un saldo de 10 víctimas, entre ellas tres menores de edad (de 12, 15 y 16 años) asesinados en Puerto Olaya, corregimiento de Cimitarra, Santander. Asimismo, tres líderes comunales de la vereda Lejanías, en Cantagallo, Bolívar, fueron ejecutados, subrayando el riesgo al que se enfrentan quienes lideran procesos comunitarios y de defensa de derechos humanos.
En abril, Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), fue asesinado en Santa Rosa del Sur. Posteriormente, en agosto, Marco Fidel Jiménez, líder campesino e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Poza, en Cantagallo, también fue víctima de homicidio. Estos hechos no solo buscan sembrar el miedo entre las comunidades, sino también obstaculizar la defensa de los territorios y los derechos fundamentales.
A pesar de los esfuerzos por avanzar en la política de Paz Total y el desmonte de estructuras armadas herederas del paramilitarismo, los resultados han sido insuficientes. La crisis humanitaria que atraviesa el Magdalena Medio exige una respuesta contundente por parte del Gobierno Nacional, con la implementación de una política pública efectiva para desmantelar las organizaciones criminales y proteger a la población civil.
“Es urgente garantizar el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como desarrollar estrategias territoriales que promuevan la vida digna y la permanencia en los territorios”, señala el informe de CREDHOS.
