Jóvenes sin pensión

Por: Germán Vargas Lleras

Solo una de cada cuatro personas con la edad exigida consigue acceder a una pensión. Desde hace varios años he venido insistiendo en la necesidad urgente de avanzar en una reforma integral del régimen de pensiones en el país.

El sistema actual no responde a la realidad que viven la mayor parte de los trabajadores colombianos, como son los informales, los independientes o los que no alcanzan a recibir un salario mínimo. Por tanto, el sistema es reducido y, además, se creó una desigualdad entre los regímenes pensionales, los niveles de ingreso e incluso el género y, lo que es peor, la mayor parte de los subsidios van a pagar las pensiones más altas.

Como resultado de todo esto, solo una de cada cuatro personas con la edad exigida consigue acceder a una pensión. La gran mayoría de los trabajadores están excluidos del sistema.

Entre mis propuestas se encuentra la eliminación de la competencia entre los regímenes privado y público a través de un sistema de pilares en el que ambos regímenes se complementan. También propuse focalizar los subsidios en las personas de menores ingresos y garantizar que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios. Y, por supuesto, eliminar la inequidad de otorgar mayores subsidios a las mesadas más altas. Y algo muy importante: que los billones de pesos del presupuesto general destinado a pensiones no se siguieran orientando en un 72 % al pago de regímenes especiales, excepción hecha de la Fuerza Pública.

El texto aprobado por el Senado tiene aspectos positivos, pero también otros que generan enorme preocupación para el país. Entre lo positivo vale la pena resaltar la unificación del sistema y la eliminación de la competencia, también la ampliación y formalización del pilar solidario que entregará un beneficio de 230.000 pesos mensuales a más de 3 millones de adultos mayores hoy en la indigencia y, desde luego, la reducción de los subsidios a las pensiones más altas.

Lo que a mí me preocupa es que después de todo este esfuerzo no se aumentará la cobertura pensional, para lo cual lo que debería hacerse es una reforma laboral, por supuesto muy distinta a la planteada por el Gobierno, que terminará destruyendo empleo, como en efecto viene ocurriendo. De agosto 2023 a marzo 2024 se perdieron medio millón de empleos.

Pero mi mayor crítica al proyecto aprobado es que el umbral de cotización definido en 2,3 salarios mínimos sigue siendo muy alto. De acuerdo con los expertos, este debería fijarse en 1 salario mínimo con lo que se lograría un sistema más equitativo y sostenible. Mientras mayor sea el umbral, mayor la inequidad y mayores los recursos que compromete el Estado hacia el futuro.

No bien aprobado el proyecto, el presidente Petro volvió a la carga con el punto más sensible y polémico de la reforma, es decir, pasar el umbral a 4 salarios mínimos, desconociendo lo acordado en el trámite en el Senado. Seguramente insistirán en la Cámara e intentarán luego un cambio en la conciliación. ¿Será que no les bastan para la campaña los 25 billones que esperan recibir a partir del próximo año? ¿Qué uso tendrán esos recursos extraordinarios que deberían ahorrarse? Tampoco creo que sea garantía que el Banco de la República asuma su administración, cuando el próximo año tomarán control de su junta, pudiendo reemplazar a 4 de sus miembros a quienes se les vence el período, incluido el gerente del Banco. ¿Está lista Colombia para ver aumentar su bomba pensional a un 191 % del PIB? ¿Será conveniente gravar las pensiones?

En síntesis, yo creo que lo que corresponde es que Colpensiones cubra pensiones de hasta 1 salario mínimo y, por encima, que los aportes vayan a los fondos privados, que se apruebe una reforma estructural en el mercado laboral que apunte a reducir la informalidad y con ello, que más personas aporten al sistema, y finalmente, que se blinden de la politiquería y la corrupción los recursos provenientes del ahorro de los colombianos.

Mucho me temo que serán los jóvenes quienes terminarán pagando las consecuencias de esta reforma que, en todo caso, se tendrá que modificar en quince años, pues los recursos no serán suficientes.